El TC busca acreditar la desvinculación completa del magistrado Macías con el bufete Cuatrecasas

El abogado informó al Tribunal Constitucional que había abandonado la firma de abogados, la segunda de España, de la cual había sido accionista, al ser nombrado magistrado en julio pasado

Una de las operaciones más sibilinas del presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, tuvo lugar en noviembre de 2014, durante el primer año de su mandato.

Estamos, pues, en noviembre. Artur Mas ha convocado la consulta soberanista del 9-N: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.
Dos días más tarde, el 11 de noviembre, se reunía la Comisión Permanente del CGPJ.

La abogada Mercè Pigem, ex exdiputada en el Congreso de los Diputados por Convergencia Democrática de Cataluña, era uno de los siete miembros de la Comisión Permanente.

En la madrileña calle del Marqués de la Ensenada, ya en la reunión semanal, Lesmes dijo:
––¿Qué ha pasado el domingo, Mercè? ¿Cómo ha ido?
Pigem, de 60 años, contestó no sin humor ante sus colegas.
––Bueno, yo vivo en La Bonanova y todos son pijos. El domingo vamos a misa y después nos pasamos a votar en la consulta.
La ira de Lesmes era visible.

Pigem, lejos de esconder el hecho de que había sido una de los 2.305.290 votantes en el “acto de participación ciudadana”, según las cifras oficiales ofrecidas por la Generalitat, lo acaba de reconocer sin rubor.
Lesmes bramó subiendo el tono de voz y amonestó con dureza a Pigem, quien aguantó estoica, aunque visiblemente tocada, la regañina.
No habían pasado tres semanas.

Lesmes ejecutó su vendetta. Pigem acompañaba a su hermana en un viaje a Andorra para hacer compras para las Navidades del ´14. Pigem llevaba encima 9.500 euros. En un control de las fuerzas de seguridad del Estado, le encontraron el dinero y, al comprobar su nombre, una integrante de la Guardia Civil decidió abrir un expediente.

La noticia se filtró. El 28 de noviembre de 2014, Lesmes llamó por teléfono a Pigem y le arrancó la renuncia al CGPJ. Lesmes no tenía ninguna autoridad para ello. Los miembros de la Comisión Permanente son designados por el Pleno del CGPJ y deben responder ante el mismo. El caso del dinero en metálico de Pigem se archivó sin sanción administrativa.

Tres años después, durante la toma de posesión de magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos el magistrado Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del TC, Mercè Pigem y Lesmes se reencontraron.

El presidente del Supremo y el CGPJ la sorprendió. “Siento cómo fue todo Mercè”, se disculpó. La operación Pigem fue muy provechosa para Lesmes y para el PP. Una vez más, no se trataba solo de cargarse a alguien, sino de quién le sustituiría.

Y para ello había que montar una nueva operación, Lesmes consiguió deshacerse del primer candidato suplente, Antonio María Álvarez-Buylla, decano del Colegio de Procuradores de Madrid.

Fue así que quedó en evidencia una cosa: Lesmes le había hecho un hueco a quien se convertiría en su mano derecha, al segundo suplente.
Era el ex director de Servicios Contenciosos de la Generalitat de Cataluña durante el último año del govern de Jordi Pujol (2002-2003): el abogado socio (equity partner) o del bufete Cuatrecasas José María Macías.

El nuevo vocal a partir de finales de enero de 2015, se convertiría, rápidamente, en la mano derecha intelectual de Lesmes y, sobre todo, formó con él y con el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena una troika durante la instrucción de la causa del procés en el Supremo.

Había una cuarta pata: el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Macías y Ramírez Sunyer se habían conocido en la Escuela Judicial Española, en 1990.
A raíz de una denuncia del abogado Miguel Durán, el exdirector de la ONCE, Sunyer se convirtió en febrero de 2017 en el caballo de Troya del procés con la ayuda del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, a cargo de la policía judicial.

La instrucción de Llarena sobre los hechos del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, precisamente, contó con las intervenciones telefónicas autorizadas por Ramírez Sunyer, y los atestados de Baena, quien ya trabajaba sobre lo que consideraba “el clima insurreccional de Catalunya” desde noviembre de 2015 a las órdenes del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

Cuando Ramírez Sunyer estaba muy enfermo, a punto de morir, Macías aconsejó a Lesmes enviarle una carta de agradecimiento por los servicios prestados en la instrucción. Se cree que el borrador lo elaboró el propio Macías, quien ya preparaba el obituario de su amigo.

En la carta, enviada el 2 de noviembre de 2018, Lesmes lo felicitó por las “dimensiones heroicas” que adquirió la labor del juez en el contexto “hostil” del 1-O, y le presentó su respeto a “la persona que es capaz de perseguir tan tenazmente aquello en lo que cree, lo que constituye su ilusión y su meta: el servicio a la Justicia y al Estado, a España, y el cumplimiento del deber que ese servicio entraña”. Lesmes finalizaba agradeciéndole a Ramírez Sunyer “defender el Estado de Derecho y la Justicia sin vacilaciones ni miedos en tiempos tan convulsos”, y añadía: “Siempre serás un referente para mí y para todos los compañeros de profesión”.

A su vez, Macías revelaba en su obituario de fecha 4 de noviembre de 2018 la verdadera importancia de la instrucción de su amigo fallecido.
“Su trabajo como juez, siempre impecable, se hizo noticiable cuando asumió la investigación inicial de los hechos que desembocaron en los sucesos del 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía de la Generalitat. Posteriormente, su investigación constituyó en buena medida la base de la que, a su vez, ha llevado a cabo el juez Llarena por los acontecimientos del 1 de octubre de ese año”.

Macías compatibilizó su actividad de vocal del CGPJ con su profesión de abogado. La reforma de ley Orgánica del Poder Judicial, elaborada por Lesmes y avalada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, solo exigía dedicación exclusiva a los siete miembros de la Comisión Permanente. Los catorce vocales restantes podían seguir con sus actividades.

Ocupaba Macías en el bufete Cuatrecasas el puesto de coordinador del Grupo Casación y Recursos Especiales (litigación ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Compatibilizó ambas actividades desde el 28 de enero de 2015 hasta marzo de 2018 como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y de la Comisión Disciplinaria, y ejerció la representación del CGPJ en la Red Europea de Consejos de Justicia.

Lesmes le incorporó a la Comisión Permanente entre marzo de 2018 fecha en la que dejó de ejercer como abogado. Una actividad que recuperó en marzo de 2020 tras renunciar a la Comisión Permanente, y que mantuvo hasta julio de 2024, cuando fue nombrado magistrado del TC.

Aunque entre 2015 y 2021, fecha en la que el CGPJ caducado ya no pudo hacer nombramientos de jueces, Macías participó activamente en ellos. Nadie vio ninguna anomalía en el hecho de que fuera responsable de recursos especiales en Cuatrecasas y eligiera a jueces y magistrados de los tribunales ante los que, al mismo tiempo, su bufete defendía a sus clientes. No era un abogado cualquiera.

No se debió permitir nunca – el sistema acabó con la reforma de 2018 que volvió al modelo anterior a Lesmes- porque ser abogado en ejercicio y al tiempo decidir sobre la responsabilidad sobre los nombramientos de magistrados en el Tribunal Supremo y el TC y la supervisión disciplinaria entrañaba un evidente conflicto de intereses.

En diciembre pasado, según una información de eldiario.es, el conocido abogado José Luis Mazón, quien suele cabalgar sobre asuntos y personalidades polémicas, presentó una denuncia en el TC el pasado mes de diciembre en la que solicita que se acredite la relación que tiene Macías con el bufete Cuatrecasas.

Fuentes consultadas señalan que Macías informó al TC en su día que se ha desvinculado completamente de Cuatrecasas y que está dispuesto aportar la documentación que lo acredite.