Tres años y medio de prisión para el acusado de vender medicamentos para el rendimiento sexual masculino

Un juzgado advierte de las consecuencias que tiene comercializar fármacos falsificados

La Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un ciudadano italiano a tres años y medio de prisión por tráfico de drogas y comercialización de productos adulterados para aumentar el rendimiento sexual masculino a través de una web. Estos productos contenían sustancias no declaradas en sus etiquetas, lo que, según la Agencia Española de Medicamentos, “pueden producir graves daños a la salud”.

El condenado publicitaba estos medicamentos adulterados como productos naturales, ocultando su verdadera composición y exponiendo a los consumidores a riesgos sanitarios. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios determinó que las pastillas, cápsulas y espráis incautados contenían las sustancias activas “vardenafilo” y “tiosidenafilo”, no permitidas en España debido a su potencial peligro para la salud pública.

En el registro de su domicilio en Las Torres de Cotillas (Murcia), la Guardia Civil incautó 1.725 pastillas y cápsulas, 239 espráis, y diversos utensilios de laboratorio químico, revelando que también se dedicaba a la elaboración de cannabis sintético. El acusado deberá pagar una multa de 1.900 euros y ha sido inhabilitado para el comercio de productos para aumentar el rendimiento sexual.

La sentencia

El tribunal ha resaltado la gravedad de los delitos cometidos, subrayando el riesgo significativo al que se expusieron los consumidores de estos productos adulterados. La venta de tales productos no solo infringió las regulaciones sanitarias, sino que también puso en peligro la salud pública al distribuir sustancias farmacológicas no declaradas y potencialmente dañinas.

Además, la sentencia busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de la comercialización de medicamentos falsificados y no autorizados. El caso destaca la importancia de una vigilancia estricta por parte de las autoridades para prevenir la distribución de productos peligrosos y proteger a los consumidores de prácticas comerciales fraudulentas.