Las organizaciones acusan al Ministerio de Irene Montero de "inacción" y al Ejecutivo de una "pésima gestión de los fondos destinados" a luchar contra esta lacra.
Un hombre pide una indemnización al Ministerio de Justicia de 6.500 euros por la inacción de un juzgado para que se cumpliera su propia resolución judicial