La familia de Jose Antonio Primo de Rivera solicita exhumar sus restos del Valle de los Caídos antes de convertirse en un cementerio civil tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.
Entre otros aspectos, se introduce la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia.
PP, Ciudadanos y VOX aseguran que "la derogarán con gran alborozo", mientras que los partidarios, encabezados por EH Bildu, hablan de "justicia restaurativa"