Sanidad exige a Ayuso investigar posibles vulneraciones en el Hospital de Torrejón

La ministra Mónica García afirma que la ciudadanía madrileña «tiene derecho a saber si un hospital público ha sido utilizado para maximizar beneficios privados a costa de su salud»

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha solicitado formalmente a Isabel Díaz Ayuso la apertura “inmediata” de una investigación “exhaustiva, independiente y transparente” sobre las presuntas prácticas irregulares en el Hospital Universitario de Torrejón. La petición surge tras conocerse revelaciones que apuntan a posibles maniobras de la empresa concesionaria para “aumentar su beneficio económico”.

García advierte en su carta de que resulta “imprescindible” aclarar con urgencia si estas órdenes habrían afectado “a la actividad asistencial, a la derivación de pacientes, a los tiempos de respuesta quirúrgica o al cumplimiento de los compromisos contractuales” que unen a Ribera Salud con el Servicio Madrileño de Salud. La ministra subraya que cualquier impacto en estos ámbitos comprometería la calidad de la atención a los usuarios.

La preocupación del Ministerio se intensificó tras la publicación, por parte del diario El País, del audio en el que el CEO de Ribera, Pablo Gallart, afirma: “En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”. En esa misma intervención, el directivo plantea realizar “iteraciones” para lograr “un EBITDA de cuatro o cinco millones”.

Una vulneración gravísima

Para García, si se confirman estas instrucciones, estaríamos ante “una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud” y “un atentado directo contra los derechos de los pacientes”. Enfatiza que una situación de tal gravedad “no puede ser ignorada por ninguna autoridad sanitaria”, considerando el impacto que tendría sobre la confianza en la gestión pública.

La ministra recuerda además que, de demostrarse los hechos, la Comunidad de Madrid “está obligada” a activar los mecanismos legales previstos, incluida la posible extinción de la concesión del hospital. Como señala en su escrito, “la ciudadanía madrileña tiene derecho a saber si un hospital público ha sido utilizado para maximizar beneficios privados a costa de su salud” y, de ser así, a que su gestión “sea devuelta al ámbito público”.