La revisión de los contratos de alquiler prevista para 2026 ya anticipa un impacto significativo en la economía de miles de hogares. Según las últimas estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, el incremento medio anual rondará los 1.735 euros, una cifra que, por sí sola, ya dibuja un escenario de preocupación para muchas familias. Sin embargo, más allá del número, lo que realmente pesa es lo que implica: un esfuerzo económico añadido para quienes ya destinan una parte importante de sus ingresos al pago del alquiler.Los datos apuntan a que más de 600.000 contratos finalizarán en 2026, afectando a más de 1,6 millones de personas. Si se tiene en cuenta también a quienes podrían ver finalizar su contrato en 2027, la cifra se eleva hasta los 2,7 millones.
El encarecimiento no será homogéneo. En Baleares, por ejemplo, la subida media prevista supera los 4.600 euros anuales, reflejo de un mercado tensionado desde hace años. Comunidades como la Valenciana, Canarias o Madrid también muestran incrementos superiores a la media nacional, reforzando la idea de que el acceso a la vivienda sigue siendo un reto estructural. En cambio, territorios como Galicia, Extremadura o Aragón registran aumentos más moderados, lejos del umbral de los mil euros, según Europa Press.
El aumento de los precios del alquiler no es un fenómeno aislado. Entre 2020 y 2025, el precio del metro cuadrado ofertado ha subido más de un 34%, según informes del sector inmobiliario. Esta tendencia, prolongada en el tiempo, ha convertido la renovación de un contrato en un momento crítico para muchas familias, que ven cómo su presupuesto se ajusta cada vez más. De hecho, más del 36% de los hogares inquilinos en España dedica ya más del 30% de su renta disponible al pago de la vivienda, un porcentaje que organismos internacionales consideran un indicador claro de vulnerabilidad económica.
La presión sobre los inquilinos ha reabierto el debate político. Desde Sumar se propone que las renovaciones de 2026 se limiten a una actualización basada únicamente en el IPC, evitando así incrementos desproporcionados que puedan comprometer la estabilidad vital de miles de personas. Según el partido, es una medida urgente y necesaria en un mercado que, aseguran, se ha vuelto «inasumible» para gran parte de la ciudadanía.
La propuesta está sobre la mesa y a la espera de respuesta del PSOE. Mientras tanto, el calendario avanza y los contratos se acercan a su fecha límite. Lo que está claro es que 2026 será un año decisivo para el alquiler en España y, sobre todo, para quienes dependen de él para construir su proyecto de vida.