El PSOE perfila una regularización extraordinaria para migrantes con residencia de al menos un año en España

La propuesta incluye una autorización excepcional para residir y trabajar sin necesidad de contrato previo, aunque deja fuera a solicitantes de asilo

El PSOE ha puesto sobre la mesa las condiciones para llevar adelante una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular. La fórmula, que busca dar cumplimiento a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en trámite parlamentario, pasa por una autorización temporal de residencia y trabajo para quienes acrediten al menos un año de estancia en España, carezcan de antecedentes penales, no tengan órdenes de expulsión activas y renuncien, en su caso, al proceso de asilo.

Según fuentes parlamentarias, el permiso permitiría trabajar y residir en todo el territorio nacional y se tramitaría por circunstancias excepcionales. Aunque inicialmente se establecía el 31 de diciembre de 2024 como fecha límite de entrada, se valora ampliarla hasta el 20 de mayo de 2025, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería.

Además, se estudia flexibilizar los requisitos para demostrar el tiempo de permanencia en el país, abriendo la puerta a pruebas distintas al empadronamiento, como informes de servicios sociales. Una exigencia clave para colectivos como Regularización Ya, que insiste en que «ningún acuerdo debe avanzar sin que se conozca al detalle el contenido del decreto».

Debate político

La propuesta, que afectaría a más de medio millón de personas, cuenta con el respaldo mayoritario del Congreso, aunque requiere cerrar flecos técnicos y sumar voluntades. Mientras el PP advierte que “no dará cheques en blanco”, Podemos presiona al Gobierno para que acelere el proceso vía decreto, sin esperar la tramitación legislativa completa.

El nuevo Reglamento, si bien flexibiliza algunas vías para obtener papeles, ha sido criticado por dejar fuera a miles de solicitantes de asilo y a perfiles vulnerables. ONG, asociaciones de migrantes y el propio Defensor del Pueblo alertan del riesgo de exclusión y exigen que la futura regularización sea amplia, garantista y realista.

En palabras de Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya, “es hora de cumplir con la ciudadanía migrante que ya forma parte de este país. No se puede legislar a espaldas de quienes llevan años sosteniendo los cuidados y los trabajos más precarizados”.

Conclusión:

El Gobierno tiene ahora la oportunidad de dar forma a una de las regularizaciones más amplias de los últimos años. Pero la clave, más allá de los papeles, estará en los detalles: en el cómo, el cuándo… y el quién.