Puigdemont califica el caso ‘Tsunami Democràtic’ como una persecución contra el independentismo catalán

La defensa del líder de Junts, a cargo del abogado Gonzalo Boye, ha insistido en que «esta no es una situación aislada», sino que muchos otros se ven afectados por el uso de procedimientos judiciales con fines políticos

Carles Puigdemont, a través de su defensa, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que alega que la investigación sobre el papel de Tsunami Democràtic en los disturbios posteriores a la sentencia del procés en 2019 forma parte de lo que se conoce como lawfare y constituye una persecución contra el movimiento independentista.

El escrito, al que Europa Press ha tenido acceso, incluye la solicitud de Puigdemont al juez para obtener acceso a la documentación relacionada con el caso y para ser notificado de todas las resoluciones emitidas hasta la fecha que le afecten, con el fin de poder presentar recursos pertinentes.

Esta solicitud se produce después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dirigiera sus investigaciones contra el líder independentista y le ofreciera la posibilidad de comparecer voluntariamente, «mientras no se libre el correspondiente suplicatorio».

En su respuesta, el líder de Junts argumenta que el procedimiento en Barcelona que dio origen al caso en la Audiencia Nacional se enmarca en lo que denomina lawfare, un término que se refiere a la utilización de acciones legales con motivaciones políticas. Puigdemont afirma que se está utilizando este procedimiento para criminalizar a un movimiento político que siempre ha defendido su carácter pacífico.

La defensa del dirigente político, a cargo del abogado Gonzalo Boye, ha insistido en que esta no es una situación aislada, sino que muchos otros se ven afectados por el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación y desprestigio público, así como la descalificación de adversarios políticos.

El letrado Boye, a través de sus redes sociales, ha sostenido este martes que el lawfare debería ser abordado en una eventual ley de amnistía, no por los nombres involucrados, sino por las implicaciones políticas que conlleva para España. Una medida que podría beneficiar a Puigdemont y a otros afectados por este tipo de persecución judicial.

«Queremos creer que en el presente procedimiento nada de eso sucedería y que la investigación que versaría sobre un presunto delito de terrorismo enmarcado en el ámbito de la organización de unas determinadas protestas ciudadanas -ejercicio legítimo de derechos fundamentales- y la atribución de un fallecimiento que se habría producido en fechas coincidentes, aunque tal hipótesis venga desmentida por los servicios médicos que atendieron a esa persona, serían en todo caso un error de apreciación, que será corregido en el curso de la tramitación del procedimiento», ha añadido la defensa de Puigdemont.