Puente acusa a la CNMC de dejar que Iryo y Ouigo «parasiten» la infraestructura industrial de Renfe

El ministro de Transportes anuncia batalla judicial contra la resolución del regulador y acusa a Flixbus de querer «hacer trampas» con sus rutas internacionales de autobús

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cargado con dureza contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo regulador ha obligado a Renfe a abrir sus talleres a sus competidoras Iryo y Ouigo. En una entrevista con Europa Press, Puente ha calificado esa decisión de inaceptable.

El ministro considera que la resolución permite a estas dos empresas extranjeras «parasitar» la infraestructura industrial que Renfe ha construido con inversión propia. Puente ha adelantado que la operadora española ya prepara los recursos legales para llevar el caso a los tribunales. Según ha defendido, Renfe invierte en su propia infraestructura y no debería verse obligada a sostener también la de sus rivales.

El ministro ha planteado que quien no disponga de infraestructura propia en España tiene dos alternativas: construirla o llevarse los trenes a mantener a su país de origen. Ha puesto como ejemplo el caso inverso, el de los trenes franceses de Renfe, que se mantienen fuera de España. 

Tres operadoras públicas que pierden dinero

Puente ha calificado además de «tramposo e irreal» el actual proceso de liberalización ferroviaria. Su argumento es que la competencia se produce entre tres empresas públicas: Renfe, Ouigo, de la francesa SNCF, e Iryo, de la italiana Trenitalia. Todas ellas, según el ministro, operan con pérdidas gracias al respaldo financiero de sus respectivos estados.

El ministro ha reconocido que la liberalización ha traído precios más bajos y más oferta de trenes. Pero ha lamentado que el sector haya pasado de generar beneficios a acumular pérdidas conjuntas de 230 millones de euros al año. Antes, ha explicado, esos beneficios ayudaban a financiar servicios ferroviarios deficitarios, y ahora ese dinero sale directamente de los impuestos.

Defiende el modelo actual de concesiones de autobús

El ministro ha trasladado un argumento parecido al debate sobre el transporte en autobús. La CNMC propone liberalizar las rutas de más de 100 kilómetros, que son las más rentables, y dejar las demás en manos del Estado. Puente sostiene que esa fórmula no encaja con la realidad española, un país con 8.000 municipios y sin una red ferroviaria capaz de conectarlos a todos.

Según el ministro, garantizar la cohesión territorial obliga a mantener también rutas de autobús que no son rentables. Advierte de que una liberalización total podría dejar sin servicio a numerosos municipios rurales y disparar los precios en temporada alta, algo que el actual sistema de concesiones evita.

La empresa alemana Flixbus reclama desde hace años poder operar en rutas nacionales de autobús o, alternativamente, transportar pasajeros entre ciudades españolas aprovechando sus trayectos internacionales, una práctica conocida como cabotaje y que hoy no está permitida. Puente considera que esta segunda vía sería una trampa, porque esas rutas nacionales ya las cubre en exclusiva otra empresa con contrato público. El ministro ha puesto como ejemplo que una compañía use una ruta internacional de Lisboa a una localidad alemana para colar de forma encubierta un trayecto rentable como Madrid-Zaragoza. A su juicio, esa maniobra distorsionaría el modelo español de cohesión territorial. 

Reclama una normativa ambiental común para los puertos de todo el mundo

Sobre el transporte marítimo, Puente ha explicado que el Gobierno negocia con la Organización Marítima Internacional (OMI) un marco único de exigencias medioambientales para los puertos de todo el planeta. Según el ministro, ese acuerdo estuvo a punto de firmarse, pero la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos frenó el proceso.

España, como gran potencia del transporte marítimo, tiene interés en que ese pacto salga adelante. El ministro ha explicado que parte del tráfico portuario español se está desviando hacia países de fuera de la Unión Europea, donde no existen tasas por emisiones contaminantes y el transporte resulta más barato. Si esas reglas se igualaran en todo el mundo, ha concluido, el problema dejaría de ser exclusivamente europeo.