La desclasificación de 153 lotes de documentos concernientes al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 -que algunos analistas definen ya como un autogolpe- ha generado un previsible aluvión de comentarios, cábalas y debates al respecto. Y eso que han transcurrido 45 años desde entonces. Esta ansiedad en torno a aquel infausto episodio obedece al silencio obligado en el que se ha sumido premeditadamente a la opinión pública y a la ciudadanía españolas sobre un pasado tan borrascoso como complejo e hiriente, escondido bajo el secreto de Estado. Ojalá sea el preludio de una anhelada transparencia que, con certeza y de ser así, fortalecerá la conciencia democrática.
La dictadura del general Franco, tras la muerte del dictador, permaneció vigente en la desertización e incultura antidemocráticas instaladas a punta de pistola entre las capas sociales mayoritarias de nuestro país, sometidas al temor reverencial cuando no al terror de un poder omnímodo, que campó por sus fueros hasta que la organización de los movimientos minero, obrero, estudiantil y ciudadano alzó la voz y decidió ocupar minas, fábricas, aulas y calles contra el tirano, a favor de las libertades y contra todo el dolor e irracionalidad que acarreó para el país durante una posguerra de inusitada crueldad y cerrazón.
Reconstruir la historia de los males contemporáneos de España muestra un vector desconocido pero crucial para su comprensión. Sabemos ya algunas claves internas de aquel proceso, aleccionadas por la muy reciente desclasificación de ciertos secretos sobre el 23 F. Conocemos, a grandes rasgos, también, los demonios familiares hispano-españoles. Pero de las claves externas, permanecemos casi siempre en la inopia más hueca.
Vayamos a Washington. Allí, poco antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, el Estado Mayor Conjunto observaba el mapa de Europa con preocupación. Desde los Urales, en la retaguardia rusa, hasta Brest, el promontorio francés sobre el Atlántico, una inmensa llanura había facilitado históricamente innumerables invasiones del Continente procedentes de las estepas centroasiáticas. El obsesivo recelo militar estadounidense estaba puesto en la Unión Soviética a la cual, por vencer al nazismo en los campos de batalla europeos y prestigiar el socialismo en millones de conciencias del continente y del mundo, se atribuía un designio militar imparable, capaz de situar sus divisiones en toda Europa occidental, al acabar la guerra, y conseguir el pleno control político continental.
Desde tal planteamiento, los Pirineos se erigían en la única barrera orográfica real a la fantasiosa, por irreal, ocupación soviética de Europa. Ergo, España era un país geoestratégicamente decisivo para detener aquella eventual penetración soviética terrestre, tan ilusoria, por inviable, como temida por los militares adscritos a la Casa Blanca.
Por consiguiente, había que perdonar a Francisco Franco, dictador criminal aliado con nazis alemanes y fascistas italianos, sus amistades y colaboraciones peligrosas. El presidente Dwight D. Eisenhower se desplazaría a Madrid en 1959, abrazaría al tirano y lo haría después de haber arrancado Estados Unidos a España, 6 años antes y a precio de saldo, unas bases militares en Rota, Torrejón de Ardoz y Zaragoza, cruciales para el control estratégico estadounidense del Mediterráneo, el extremo occidental y meridional europeo, más Norte de Africa y el área occidental del Medio Oriente.
En las cláusulas secretas de aquel acuerdo, figuraba con certeza la instrucción de grupos antiguerrilleros en la vertiente española de los Pirineos, los COES, Compañías de Operaciones Especiales, a manos de los boinas verdes, instructores militares norteamericanos teledirigidos por la CIA, la agencia estadounidense de espionaje. Serían ellos el último baluarte defensivo europeo contra la supuesta penetración soviética. Además, España podría ser una buena base logística de retaguardia para los ejércitos europeos en fuga, dentro de aquella aberrante hipótesis.
La ciudad pirenaica de Jaca se convirtió en el cuartel general desde el cual se instruyó a oficiales españoles en operaciones especiales de lucha antiguerrillera y antisubversiva, altamente ideologizada en clave, naturalmente, anticomunista; espoleada, desde luego, por el temor a una invasión soviética de Europa, mantra éste impuesto a machamartillo sobre los militares españoles ya de por sí entonces muy ideologizados al respecto desde las academias militares bajo el franquismo.
Fue entonces cuando los norteamericanos captaron e insertaron a oficiales españoles a los que integran en aquellos cursos de operaciones especiales y de alta montaña. Buena parte de ellos pertenecía al grupo Forja, una asociación de militares cristianos que se consideran mitad monjes-mitad soldados. El padre Llanos, que ulteriormente adoptaría posiciones y compromisos progresistas, estuvo inicialmente vinculado a aquel grupo. Allí estaban capitanes que llegarían a los más altos rangos o cometidos de la milicia, como Javier Calderón, futuro director del CESID, el servicio de Inteligencia creado por Carrero Blanco, o José Luis Cortina, compañero de Juan Carlos de Borbón en la XIV Promoción de la Academia Militar de Zaragoza, que llegaría a ser responsable de la Agrupación Operativa, el brazo ejecutor del mismo servicio secreto.
Los dos, Javier Calderón y José Luis Cortina, desempeñarían papeles cruciales en torno al golpe -o autogolpe- del 23 de febrero de 1981, muchos años después de contraer sus iniciales nexos con la CIA, que gestionaba la escuela pirenaica y a la cual permanecieron asimismo vinculados otros militares fervientemente anticomunistas como Manuel Quintero, futuro Embajador en Ankara, por cuya mediación, Andrés Cassinello, futuro teniente general y especialista de los servicios secretos, muy cercano al presidente Adolfo Suárez, prolongó “estudios antisubversivos” en Fort Bragg, Carolina del Norte.
En el plano político, la paulatina autonomía política de Adolfo Suárez respecto del dictado militar estadounidense, era vista con enorme recelo más que por la Casa Blanca de Jimmy Carter, por el complejo militar-industrial norteamericano, ávido de que España, una vez integrada en la OTAN, comenzara a adquirir allí compras multimillonarias de armas, aviones y bastimentos de todo tipo. Autonomía política de Suárez que le llevó a mostrar una cierta y cauta simpatía hacia el Movimiento de los No Alineados, movimiento que la Casa Blanca consideraba, otro delirio más, en manos comunistas. También le achacaban al político abulense demorar cuanto pudo el ingreso de España en la OTAN, considerado ineludible en aquella fase de la Guerra Fría e imperdonable su demora.
Aquellos hechos llevaron a Washington a sugerir al Rey que se deshiciera del presidente centrista, para lo cual, la CIA removió también las aguas internas de la Unión de Centro Democrático, coalición falangista-democristiana-social-liberal, para que preparara una impugnación política contra Suárez, que facilitara su relevo, como se puso de manifiesto en el Congreso centrista celebrado en Mallorca entre el 6 y el 8 de febrero de 1981, en fechas previas al golpe y secuestro del Congreso. Quizás algún día obtengamos base documental para averiguar qué papel o papeles jugaron personajes del entonces centrismo, como los señores Herrero de Miñón, Garrigues o Alzaga en aquellos movimientos. Tal vez surja ahora algún documento que despeje aquellas razonables dudas.
“Cuando llegue Ronald Reagan”
Por otra parte, el 14 de enero de 1981, en una tertulia madrileña o conciliábulo denominado El Serpentín, un general de la Guardia Civil, cuyo nombre ha permanecido oculto desde entonces, en una reunión de contertulios aseguró de viva voz que inmediatamente después de que Jimmy Carter abandonase el poder en la Casa Blanca, el 20 de enero de 1981, y Ronald Reagan accediera allí a la Presidencia de los Estados Unidos, “se registrará en España un golpe de Estado”, como así sucedió apenas un mes después.
Esta información llegó a oíos de José Luis Cortina, jefe de la Agrupación Operativa del CESID, que pidió a sus agentes que siguieran aquella pista. Por cierto, de aquella tertulia formaba parte el padre del cantante Bertín Osborne. Como cabe ver, todo comienza a casar para poder establecer una hipótesis creíble sobre la inducción estadounidense del derrocamiento de Adolfo Suárez, abortado por él mismo con su dimisión de la Presidencia del Gobierno de España, el 29 de enero de aquel año 81.
Otro golpe consecutivo
Otro dato a tener en cuenta, dentro de la jeroglífica trama aún por descubrir sobre aquellos hechos, fue el descubrimiento el 27 de octubre de 1982, del intento de los jefes militares y hermanos Jesús y José Crespo Cuspinera y Luis Muñoz Gutiérrez, de sacar pistola en mano de la prisión militar donde penaba el general Milans del Bosch, reponerlo al mando, tomar los centros neurálgicos e instalaciones críticas del país, liquidar a la clase política y mediática en su conjunto e, incluso, supuestamente, acabar con la vida del Rey y la cúpula militar y política, con explosivos bajo la tribuna que ocuparían, en un desfile militar de A Coruña. Todo ello el 27 de octubre de 1982, víspera de las elecciones generales que llevarían al PSOE al poder. La conjura, más violenta si cabe, que la del 23 de febrero del años anterior, fue brillantemente abortada por agentes del CESID, dirigido ya por el coronel Emilio Alonso Manglano, y depurado someramente el servicio secreto de algún agente vinculado al anterior golpe. Por cierto, los agentes del Cesid Diego Camacho y Juan Rando, que se habían distinguido valientemente por detectar y denunciar la presencia e influjo de mandos del Cesid en la trama golpista junto al guardia civil Antonio Tejero y el ex preceptor real, Alfonso Armada, habían sido represaliados y alejados del servicio. Curiosamente, tras ser sustituido en la jefatura de la Casa Real por Sabino Fernández Campo, general del Cuerpo de Intervención, Alfonso Armada, pese a la oposición de Adolfo Suárez, sería nombrado por el Rey Segundo Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, cargo que le convertía en depositario de todos los secretos de Estado concernientes a todos los ministerios.
Un único jefe absuelto
Es de destacar que el único militar absuelto en los juicios marciales emprendidos contra los golpistas de febrero de 1981 resultaría ser José Luis Cortina. Tiempo después y sorpresivamente, su padre murió abrasado en un incendio registrado en su domicilio del parque de las Avenidas en Madrid. Se culpó del incendio a “unos colombianos” que intentaban robar en su casa.
¿Fue una vendetta personal o política? ¿Otro cuerpo u organismo militar o militarizado, trató de castigar a Cortina por su actitud antes y durante los acontecimientos golpistas de febrero? ¿Cuál fue realmente su actitud y la de la rama operativa de los servicios secretos, entonces militares, que él dirigía, en torno al golpe? ¿Se introdujo el CESID entre los golpistas para romperle el ritmo desde dentro, alterando fechas y forzar así su fracaso? ¿Tenía el propio golpe del 23 de febrero un camino de ida que, si fracasaba, mediante otra ruta de vuelta, permitía capitalizarlo políticamente por parte de alguna institución, coronada o no?
Estas preguntas y alguna más, seguro, a formular, deben ser respondidas documentalmente; y ello, en la medida de lo posible, ya que nadie suele poner por escrito sus premeditados actos ilegales, menos aún los que frisan la criminalidad.
Por otra parte, uno de sus subordinados contó que tiempo atrás, 8 años antes, José Luis Cortina había sido el responsable de las dos dotaciones, con sus respectivos agentes y dos automóviles, a los que se encomendó la escolta militar del servicio secreto del almirante Luis Carrero Blanco, tras su nombramiento, por Franco, el 9 de junio de 1973, como presidente del Gobierno; no obstante, el día 20 de diciembre de 1973, cuando Carrero fue asesinado por un comando de ETA en la madrileña calle de Claudio Coello, aquella escolta doble no estaba presente en el lugar del atentado.
Durante el juicio contra los responsables conocidos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en un receso, alguien siguió a Cortina hacia una cabina telefónica y le escuchó decir que si el Fiscal togado seguía apretándole, tiraría de la manta “sobre lo de Carrero”. ¿Recibió instrucciones para no enviarle aquel día la escolta encomendada? ¿Quién le dio tales supuestas órdenes y con qué intencionalidad? ¿Fue este hecho, o amenaza, la causa de su absolución por el Tribunal Militar de Campamento? ¿Realmente, el CESID paró el golpe desbaratándolo desde dentro o lo activó? ¿Ignoró el servicio secreto de Caldederón y Cortina, que Antonio Tejero, condenado previamente por preparar la Operación Galaxia, boceto de golpe de Estado, había adquirido hasta 288 gabardinas y que su mujer compró, con la herencia de una tía suya, los autobuses con los cuales casi trescientos guardias civiles se desplazaron hasta el Congreso de los Diputados para secuestrar a todos cuantos se hallaban en su interior?
Es de destacar que la fecha elegida, aquel 23 de febrero, reunía intramuros del edificio del Congreso de los Diputados, a congresistas, senadores, el Gobierno en pleno, a los líderes de los principales partidos políticos, a la Prensa, la Radiotelevisión, y a los empleados de las Cámara; es decir, aquel era el día idóneo para consumar el alcance político del secuestro, a imitación de lo que en su día, en Managua, Nicaragua, hiciera el Comandante Cero, Edén Pastora.
Ojalá la reciente desclasificación documental satisfaga la necesidad de saber de tantos españoles y españolas que sufrieron aquellas dos amenazas mortales, febrero de 1981 y octubre de 1982, sobre las cuales tenemos derecho a conocer no solo sus efectos, lesivos para la democracia, al interiorizar parte del dictado golpista, sino también sus causas profundas. Ojalá también las revelaciones no hayan sido cicateramente seleccionadas para permitir, por ejemplo blanquear conductas áulicas que faciliten, por ejemplo, mediante un relato dulzón, el fin de destierros altamente incómodos para la imagen patria… Es solo un suponer. Perdónenme las dimensiones de esta crónica. Espero que su interés la justifique.