Piden siete años de cárcel para un hombre acusado de matar a golpes a varios perros
La Asociación Galgos del Sur busca sanciones ejemplares por la muerte de cinco podencos
El Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba tenía programado para ayer miércoles el juicio contra un rehalero acusado de presuntamente golpear hasta la muerte a cinco podencos, arrojando luego sus cuerpos al Arroyo de Cantarranas en mayo de 2022. Sin embargo, la audiencia fue suspendida debido a la búsqueda y captura del acusado, lo que llevó a la ausencia de testigos notificada este martes.
La Asociación Galgos del Sur, personada como acusación popular, busca una pena de siete años y seis meses de cárcel, en contraste con los 18 meses solicitados por la Fiscalía por el presunto delito continuado de maltrato animal.
Dulce Aguilera, abogada representante de Galgos del Sur, informó a Europa Press sobre la suspensión del juicio y explicó que, a pesar de la presencia del acusado en los juzgados, la falta de testigos impidió la celebración del proceso. La orden de búsqueda y captura fue levantada, quedando pendiente un nuevo señalamiento.
Los cuerpos de los podencos fueron descubiertos tras alertas de vecinos, siendo recuperados tres por la Guardia Civil, mientras que la empresa municipal Sadeco colaboró en la recuperación de los dos restantes debido a las características del lugar.
La necropsia reveló que los animales fallecieron a causa de fuertes golpes en la cabeza, con múltiples fracturas y hematomas ‘antemortem’. Cuatro de ellos estaban registrados a nombre de un cazador que confirmó su cesión al acusado sin realizar el cambio de titularidad obligatorio.
Galgos del Sur solicitó en su momento medidas cautelares, como la retirada de la licencia de caza y armas, la clausura de las instalaciones y el decomiso de los animales. Sin embargo, esta última petición no se materializó, ya que los perros fueron «regalados» previamente.
La asociación espera que el juez imponga la pena máxima al acusado, solicitando 18 meses de prisión por cada perro fallecido, junto con cuatro años de inhabilitación y condena en costas. La Fiscalía también ha pedido la misma duración de inhabilitación.
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