Pedro Sánchez interpone una querella contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación
La Abogacía General del Estado denuncia la «delimitación tan abstracta» que el magistrado ha hecho de la investigación a Gómez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, quien dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En la querella, la Abogacía General del Estado denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la «delimitación tan abstracta» que el juez Peinado ha hecho de la investigación que dirige contra Gómez y la «injusticia» de varias resoluciones adoptadas por el instructor.
«Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada, que en aquellas se contempla, contraviene la normativa que la regula, despojando a quien ostenta la Presidencia de uno de los poderes del Estado, de las 27 garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable», apunta, en referencia a la testifical que ha tenido lugar esta mañana en La Moncloa.
La Abogacía General del Estado denuncia la falta de pruebas y el descrédito causado por el juez Peinado
A juicio de la Abogacía General del Estado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid no cuenta con «un mínimo indicio» que justifique las diligencias acordadas, y sus conjeturas generan un «descrédito gratuito» que desprestigia a la Presidencia del Gobierno.
Así, solicita al tribunal que recabe copias autenticadas de las resoluciones adoptadas por el juez Peinado en el denominado caso Begoña Gómez. También reclama que se cite a declarar al magistrado Carlos Valle, que en sustitución de Peinado dictó la providencia por la que se rechazó la petición de Sánchez de comparecer por escrito.
Con todo, defiende que esta querella no es un «ataque» al Poder Judicial. «Al contrario, es expresión en la confianza en el Poder Judicial», señala y apunta que es «el único medio de defensa que queda frente a un ataque absolutamente carente de justificación o motivación por parte de quien ejerce funciones jurisdiccionales».
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