Dirigentes de los ejecutivos autonómicos sostienen que se trata de "corrupción política" que rompe la igualdad de los españoles porque el presidente Sánchez ha decidido "cambiar financiación por votos y poder"
El documento establece obligaciones para las administraciones en materia de educación, sanidad, cultura, deporte, investigación, seguridad vial, ámbito laboral y familiar