La destrucción de lugares religiosos, incluidos los camposantos, supone una violación del Derecho Internacional que podría constituir un crimen de guerra
En un escrito relata que la información en poder de la Fiscalía Anticorrupción y del Gobierno a través del Ministerio del Interior y el CNI, ha sido filtrada y utilizada políticamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para justificar la Ley de