El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene previsto realizar los cambios profundos en su Ejecutivo que le ha reclamado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar), a pesar de la sucesión de casos de presunta corrupción y acoso vinculados al entorno socialista. Desde Moncloa aclaran que “ningún ministro está implicado” y que la prerrogativa de convocar una crisis de Gobierno es exclusivamente del presidente.
Díaz había solicitado el viernes a Sánchez acometer “un cambio profundo en el Gobierno” y aplicar medidas anticorrupción, alegando que “así no puede seguir” el Ejecutivo. Sus declaraciones se produjeron tras la aparición de investigaciones que afectan a exdirigentes y colaboradores del PSOE, como la detención de la exmilitante Leire Díez y del socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso, así como casos de acoso en filas socialistas.
Desde Moncloa tratan de restar importancia a estas demandas y sostienen que los casos señalados no afectan a miembros del Consejo de Ministros. Aunque reconocen que Díaz está en su derecho a expresar su opinión, el ala socialista del Gobierno no comparte su postura y evita entrar en confrontaciones, aunque son conscientes de que la vicepresidenta lanzó sus exigencias después de “una semana muy compleja” para el Ejecutivo y el partido.
A pesar de descartar una crisis de Gobierno generalizada, Sánchez sí tendrá que efectuar cambios puntuales debido al adelanto electoral en Aragón, lo que obligará a sustituir a la ministra y portavoz Pilar Alegría, quien será candidata socialista en esa comunidad. El presidente planea, tal como adelantó, realizar cambios limitados para reemplazar a los ministros que se presenten a elecciones autonómicas.
En resumen, el Ejecutivo mantiene la confianza en sus titulares y descarta modificaciones profundas por el momento, aunque Moncloa reconoce que se harán ajustes puntuales según las necesidades electorales, mientras Díaz mantiene su presión pública reclamando medidas anticorrupción y un ajuste más amplio en el Gobierno.