Migración y explotación: La punta de un iceberg criminal

La crisis venezolana y el éxodo masivo han alimentado las redes de trata de personas

Cuando las crisis golpean a los países, sus ciudadanos más vulnerables son los principales afectados, y Venezuela ha sufrido una de las crisis más severas del continente. Durante los últimos siete años, tal y como explica El Universal, la crisis abofeteó al país con desnutrición, falta de alimentos y escasez de medicamentos. Muchos sobrevivieron gracias a frutas de temporada, mientras que los menos favorecidos se vieron obligados a comer de la basura. Esta situación, combinada con una delincuencia desatada, allanó el camino para un fenómeno migratorio que no ha cesado.

En medio de este éxodo masivo, según El Universal, surgió una de las consecuencias más alarmantes: la trata de personas. Este fenómeno, impulsado por una oscura industria millonaria, transforma los sueños de una vida mejor en pesadillas. La falta de datos oficiales sobre crimen, seguridad y migración en Venezuela dificulta medir con precisión la magnitud del problema. Como consecuencia, se crea un espejismo de normalidad. “No está pasando nada, son algunas niñas que se escapan de sus casas”, se lee en redes sociales cada vez que alguna célula de tratantes es desarticulada. Sin embargo, las cabezas detrás de estas organizaciones rara vez son detenidas.

La trata de personas, el tráfico y la explotación son delitos de gran envergadura que compiten con el narcotráfico en términos de ganancias económicas. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la trata de personas genera más de 30 mil millones de dólares al año. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) estima que esta actividad produce entre 32 mil y 150 mil millones de dólares anuales. “El dinero está involucrado en todas las etapas de la trata”, señala el Manual para la Lucha contra la Trata de la ONU, que destaca que rastrear estas ganancias podría llevar a la desarticulación de las organizaciones detrás del delito.

El denominado “efecto Iceberg” del crimen organizado ilustra la visión parcial que tenemos del problema, explica El Universal. Según este concepto, la falta de cifras oficiales significa que apenas conocemos menos del 10% de la magnitud real de este fenómeno. Por ejemplo, un informe de la ONG Mulier de 2022 destacó el rescate de 1.390 mujeres venezolanas, incluidas 284 niñas y adolescentes, de redes de trata. Aplicando el efecto Iceberg, la cifra real de víctimas podría superar las 13.900 personas.

Trinidad y Tobago, Colombia, España e Italia son algunos de los principales destinos de explotación sexual para las venezolanas. Según un reportaje de la ONG Connectas, entre 2015 y 2020 se estima que 21 mil venezolanas fueron explotadas sexualmente en Trinidad y Tobago, generando 2,2 millones de dólares en ganancias. En Colombia, el panorama es aún más alarmante: el 80% de las mujeres rescatadas de redes de trata en zonas fronterizas como Cúcuta son venezolanas. Además, México y Estados Unidos se han sumado recientemente a los países que registran un aumento de víctimas venezolanas de explotación sexual.

“El dinero está involucrado en todas las etapas de la trata, desde establecer la infraestructura básica, logística para alimentación y traslado de las víctimas, pagos a funcionarios corruptos, manejo continuo de ganancias y lavado de dinero”, detalla el Manual de la ONU. Este entramado dificulta la lucha contra este crimen, ya que las autoridades suelen capturar únicamente a pequeños grupos operativos en lugar de desmantelar las organizaciones completas.

Para enfrentar la trata de personas vinculada a la migración venezolana, expertos y organizaciones han propuesto diversas soluciones. Entre ellas se incluye fortalecer las políticas migratorias y coordinar acciones policiales a nivel internacional para atacar a las redes criminales. También se destaca la importancia de visibilizar el problema, brindar apoyo integral a las víctimas y promover la educación y el empleo en comunidades vulnerables para prevenir el reclutamiento de nuevas víctimas.

Otro aspecto crucial es mejorar la recopilación de datos y emplear herramientas tecnológicas para rastrear las redes de trata y facilitar las denuncias. Estas medidas, combinadas con un esfuerzo conjunto de los Estados, organizaciones internacionales y ONG, podrían reducir el impacto devastador de este delito. Sin embargo, el camino sigue siendo arduo mientras no se actúe contra las causas estructurales de la crisis en Venezuela y sus efectos migratorios.

*Por su interés reproducimos este artículo publicado en El Universal.