La ONG afgana Rawadari estima que al menos 506 personas murieron y 266 resultaron heridas a consecuencia de incidentes derivados de violaciones de los Derechos Humanos bajo el régimen talibán afgano a lo largo de 2023, según un informe publicado este sábado.
De los fallecidos, 58 son niños y 38 son mujeres. Entre los heridos hay 33 niños y nueve mujeres, de acuerdo con el balance de la organización, que incluye entre las víctimas a funcionarios del depuesto gobierno afgano, activistas humanitarios, notables de tribus locales u opositores a los talibán.
La ONG apunta a la organización yihadista Estado Islámico, y concretamente a su filial afgana, como responsable de al menos 84 muertos en seis grandes atentados perpetrados en la capital, Kabul, así como en las provincias de Badajsán y Baghlan, que dejaron otros 151 heridos. El grupo incide en que la mayoría de estas víctimas eran ciudadanos chiíes y hazara, convertidos en objetivo solo por su identidad religiosa o étnica.
Rawadari también recuerda la gravísima amenaza que representan para la población, especialmente para los niños, las minas antipersona y otros explosivos sin detonar, que han costado la vida a 55 personas, entre ellas 43 niños, y 52 heridos, entre ellos 31 niños.
Rawadari trata un último grupo que reúne casos de asesinatos selectivos, ataques organizados de posible carácter criminal y ejecuciones extrajudiciales perpetrados bien por «elementos talibán o por individuos no identificados». Así, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, la organización tiene constancia de 365 muertos y 63 heridos en todo el país por estas causas.
Hay que destacar que la ONG estima que 82 empleados de las antiguas autoridades civiles y militares del país han sido asesinados a lo largo del año pasado, de acuerdo con el balance proporcionado por el grupo. En lo que concierne a las detenciones ilegales, Rawadari cifra en 623 las víctimas, entre ellas 55 mujeres, en 22 provincias del país.
La ONG, por último, señala a los fundamentalistas por estos casos de arrestos, así como tortura a detenidos y desapariciones forzadas, y denuncia una disminución del acceso a la información en 2022 en comparación con 2023, que atribuye a las medidas de los talibán destinadas a restringir la información sobre abusos contra los DDHH.
Los talibanes no se han pronunciado todavía sobre este informe pero suelen rechazar por defecto documentos similares emitidos por Naciones Unidas y otras ONG al considerar que se trata de instrumentos manipulados deliberadamente contra los fundamentalistas.