El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado una revisión extraordinaria de los protocolos contra el acoso sexual en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quiere saber por qué la agente que denunció por presunta violación al ex Director Adjunto Operativo, José Ángel González, no utilizó el mecanismo interno y acudió directamente a los tribunales.
Marlaska realizó el anuncio en el Congreso de los Diputados. Allí compareció para responder a las preguntas de varios grupos parlamentarios. El caso ha generado una fuerte conmoción política y social. También ha puesto el foco en la confianza interna dentro de la Policía.
El ministro reconoció que la decisión de la víctima obliga a reflexionar. Si una agente no activa el protocolo, el sistema debe analizar qué ocurre. No basta con que exista un procedimiento. Debe resultar accesible, claro y seguro para quien sufre una agresión.
Marlaska reconoció que “algo falla” si una agente no utiliza el canal previsto para denunciar una agresión de esta gravedad. Aunque defendió que los protocolos han funcionado en otros casos y que son objeto de revisiones periódicas, admitió que la excepcionalidad del asunto exige una mirada más profunda.
La revisión será pilotada por la Secretaría de Estado de Seguridad y pretende analizar posibles carencias estructurales, obstáculos formales o incluso factores psicológicos que puedan disuadir a una víctima de denunciar dentro de su propia organización. No se trata solo de comprobar si el procedimiento existe sobre el papel, sino de evaluar si genera la seguridad emocional y la confianza necesarias para activarlo, especialmente cuando el denunciado es un alto cargo.
El ministro subrayó que el propósito es corregir de inmediato cualquier debilidad detectada. La prioridad, aseguró, es garantizar que ninguna víctima vuelva a sentir que su única salida es acudir fuera del sistema interno. En el trasfondo, late una cuestión delicada: ¿puede una estructura jerárquica tan marcada ofrecer verdaderas garantías cuando el presunto agresor forma parte de la cúpula?
Durante la sesión parlamentaria, los grupos de la oposición elevaron el tono. Desde el PP, Vox y UPN se exigieron explicaciones políticas y responsabilidades por la continuidad del exDAO hasta fechas recientes. También desde ERC se reclamaron detalles ante un caso que, según señalaron, afecta a la reputación institucional y a los mecanismos de control sobre los altos mandos.
Más allá del cruce de acusaciones, el episodio ha abierto un debate social más amplio. No solo sobre la presunción de inocencia y el respeto a los procesos judiciales, sino sobre cómo funcionan las redes de apoyo dentro de organizaciones cerradas y jerarquizadas. La clave no está únicamente en disponer de protocolos, sino en que estos sean percibidos como seguros, accesibles y eficaces.
La revisión anunciada por Interior llega en un momento de especial sensibilidad pública. Si algo ha quedado claro es que la confianza en las instituciones se construye no solo con normas escritas, sino con la certeza de que quienes denuncian serán escuchadas y protegidas, sin importar el rango de la persona señalada.