El caos de la regularización masiva de inmigrantes provoca una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería

El principal motivo del conflicto es la falta de personal para afrontar un volumen de trabajo que la administración estima en 750.000 expedientes

Los funcionarios de las oficinas de Extranjería han anunciado una huelga indefinida que comenzará el próximo 21 de abril. La convocatoria, impulsada por el sindicato CCOO, coincide estratégicamente con el inicio del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, un momento crítico en el que se espera la llegada masiva de solicitudes en todo el país.

El principal motivo del conflicto es la falta de personal para afrontar un volumen de trabajo que la administración estima en 750.000 expedientes. Los trabajadores denuncian que el Gobierno no ha atendido sus peticiones de refuerzo, a pesar de que llevan meses advirtiendo sobre la necesidad de dotar a los servicios públicos de recursos suficientes para evitar el colapso inminente.

Además de la falta de efectivos, los huelguistas exigen una equiparación salarial justa y el reconocimiento efectivo de su productividad. Entre sus reivindicaciones también figuran la creación de puestos específicos de atención al público en jornada continuada y una formación adecuada para gestionar este nuevo marco normativo que entrará en vigor de forma inminente.

180.000 expedientes pendientes

La saturación es ya una realidad en las oficinas, que arrastran un retraso considerable con 180.000 expedientes de la vía ordinaria pendientes desde finales de 2025. Los sindicatos alertan de que este «tapón» administrativo se agravará durante el mes de abril, generando situaciones de estrés tanto para los empleados públicos como para los ciudadanos extranjeros que buscan formalizar su situación.

Aunque el grueso de las solicitudes presenciales se desviará previsiblemente a las oficinas de Correos y delegaciones del Gobierno, los funcionarios temen que el sistema telemático sea insuficiente. Desde el sindicato CSIF advierten que muchos solicitantes carecen de certificado digital, lo que obligará a realizar una identificación manual compleja que el personal actual no puede asumir con garantías.

La preocupación se extiende también al medio plazo, ya que los permisos concedidos deberán renovarse dentro de un año. Los trabajadores advierten de que, si no se adoptan medidas organizativas ahora, el sistema sufrirá un nuevo colapso cíclico cuando el mismo personal deba tramitar las renovaciones de los cientos de miles de permisos que se expidan en este proceso.