La aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados salió adelante gracias a los votos favorables de los grupos parlamentarios de Junts y ERC. Según el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, esta situación vulnera tanto las normas internas del propio Congreso como las directrices fijadas por la Oficina de Conflictos de Intereses.
La polémica se fundamenta en que, conforme al Reglamento del Congreso y a los criterios de dicha oficina, los diputados de ambas formaciones «debían haberse abstenido» en la votación. Manos Limpias sostiene que actuó de forma preventiva para evitar lo que considera una irregularidad.
Una semana antes de la votación, la organización remitió un escrito formal a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, advirtiendo de la situación y de la obligación de abstención para los diputados implicados. Sin embargo, pese a esta advertencia, los representantes de Junts y ERC participaron en la votación sin apartarse de la misma.
La aprobación definitiva de la ley se dio en un contexto de negociación que, según el colectivo, implicó un «acuerdo directo con el prófugo Carles Puigdemont», lo que habría derivado en lo que califican como una «autoamnistía» para los dirigentes independentistas.
Como consecuencia de todo ello, Manos Limpias considera que se ha vulnerado la neutralidad institucional y se ha sentado un precedente que, a su juicio, pone en riesgo la credibilidad del sistema parlamentario.