Maniobra ‘sanchista’ en el CGPJ para lograr la presidencia del Tribunal Superior de Madrid y ‘cazar’ judicialmente a Ayuso (I)

La juzgada de los hombres de Sánchez es designar en un próximo pleno al actual presidente, Celso Rodríguez, como magistrado del Supremo y ofrecer a los populares dos plazas del alto tribunal a cambio de elegir ellos al presidente de Madrid

Al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, le prometieron en el Consejo del Poder Judicial que, si pedía ser nombrado magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, le darían la plaza.

La ha pedido y muy posiblemente se la van a dar porque los sanchistas del CGPJ andan enfrascados en una sutil maniobra para desgastar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, ha pedido la vacante dejada por el anterior presidente de la Sala V, la de lo Militar, Ángel Calderón.

Si, como aseguran fuentes del sector progresista del Consejo, se confirma finalmente la elección para el Supremo de Celso Rodríguez, ello implicaría que la presidencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Madrid, quedaría vacante.

Esta plaza es muy codiciada por el PSOE de Sánchez. ¿Por qué? Porque es la sala que juzga e investiga a los aforados de la política madrileña, entre los que está la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP.

Un presidente de TSJ tiene mucho poder, ya que él preside y elige a al menos uno de los tres magistrados que se van haciendo cargo de los asuntos que van surgiendo.

Y el presidente, más el juez elegido por él, formarían mayoría (dos frente a uno) a la hora de decidir si se abren diligencias a alguien e incluso si se impone a alguien una eventual condena.

Además, resulta, por otro lado, que lo que sería el otro eje de estas maniobras, la fiscalía de Madrid, que dirige la fiscal jefe provincial Pilar Rodríguez (la que habla del cianuro para Ayuso en los whatsaap de la filtración de datos privados sobre el delito fiscal que afecta al novio de la presidenta de Madrid) se están dando instrucciones para que el asunto de las muertes en las residencias se tramiten por la vía penal.

Bastaría, pues, que un juez, de los más de 70 en Madrid que tienen causas ahora mismo sobre muertes en residencias, llevase el tema por la vía penal para que ese asunto salte al Tribunal Superior de Madrid, cuya Sala Penal la encabeza lógicamente el presidente.

En el tema de las residencias, las acusaciones están dirigidas habitualmente contra los altos cargos sanitarios de Madrid, consejeros e incluso la propia presidenta de la Comunidad. Se les atribuye haber dado órdenes durante la pandemia para que los geriátricos de la Comunidad no evacuarán a los hospitales a los ancianos más graves.

Por tanto, del tribunal Superior dependerían los paseíllos judiciales de los encartados.

En La Moncloa hay verdadero interés en que la gran enemiga de Sánchez sea sometida a causas penales para desgastarla y así contrarrestar los escándalos judiciales que persiguen a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez, así como a ex altos cargos de su Gobierno.

El Consejo del Poder Judicial, que es el que elige a los altos cargos judiciales en España, tiene 20 vocales, más un presidente: 10 de ellos nombrados por el PSOE y sus aliados, más la presidenta, Isabel Perelló, que también fue nombrada a propuesta socialista.

Es decir, hay 11 votos del llamado sector progresista afín a Sánchez.

Los otros 10 vocales fueron elegidos a propuesta del PP.

Tal como están diseñados los nombramientos, para elegir a un alto cargo, de presidente de tribunal superior hacia arriba, son necesarios 13 votos, una mayoría cualificada.

Lo que obliga a ambos sectores a pactar cualquier nombramiento de alto cargo. Habitualmente, se los reparten: este lo elegís vosotros y este nosotros, y así sucesivamente. Como si fueran cromos.

La cuestión ahora es que hay dos plazas vacantes en la Sala de lo Militar del Supremo y tres en la de lo Contencioso-Administrativo, entre otras.

Endulzar la boca de Sánchez

La maniobra con la que quiere endulzar la boca de Sánchez el sector progresista del Consejo ya está en marcha. Y, según fuentes de ambos sectores, consiste en eventualmente servirle en bandeja la cabeza de Isabel Díaz Ayuso desde la perspectiva judicial.

Incluso el asunto de los delitos fiscales del novio de Ayuso, si finalmente hubiera juicio y condena, acabaría en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior.

Y, evidentemente, también el de la propia presidenta si fructificase en algún juzgado el tema de las residencias y el juez lo elevase al Superior de Madrid al entender que los eventuales responsables están aforados. Esto es lo quiere la fiscalía.

Y, además, cualquier otra causa que surgiese contra Ayuso en un momento determinado.

De ahí la importancia de la presidencia del TSJ de Madrid.

La maniobra final, según los citados medio, es copar la presidencia del alto tribunal madrileño para que Sánchez tenga un arma con el que castigar a Ayuso electoralmente.

Los primeros pasos están dados. El actual presidente, Celso Rodríguez, que fue secretario general del Consejo del Poder Judicial hace varios lustros, efectivamente se ha postulado para cubrir en el próximo pleno que celebrará este órgano a lo largo de este mes, una de las dos plazas vacantes de la Sala de lo Militar.

En concreto, la que ha dejado vacante Ángel Calderón. Solo se ha postulado para esa plaza, de lo que se infiere que parece tener muy claro que se la van a asignar a él. Además de esta plaza, hay una segunda vacante en esta misma Sala.

Lo normal es que todos los aspirantes se postulen para las dos, por si una no sale. Sin embargo, Celso Rodríguez, que es el candidato del sector conservador, solo se presenta a la de Calderón y desecha la otra libre, la que ha dejado el magistrado José Alberto Fernández Rodera.

Aparte de Celso Rodríguez, hay otros ocho jueces que aspiran a una de esta dos plazas. Todos ellos han pasado el filtro de la comisión de calificación.

Otro de los aspirantes más sólidos a una de esta dos plazas, por parte del sector progresista, es el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada.

Este es el juez al que se atribuye que puso en una sentencia del caso Gürtel una frase sobre corrupción en el PP en la que luego se basó el PSOE de Sánchez para promover la moción de censura que le llevó al palacio de La Moncloa.

Sánchez llegó al poder de la mano de los radicales de izquierdas y de los nacionalistas vascos y catalanes, hace siete años.

Según fuentes del Poder Judicial, las posibilidades de que De Prada sea nombrado para una de las dos plazas de la Sala de lo Militar son casi nulas, a pesar de tener una brillante trayectoria profesional.

El sector conservador no está dispuesto a votarle. Y para que salga es necesario que al menos dos vocales conservadores le voten, más los 11 progresistas. No sumaría los 13 votos necesarios.

Donde sí hay acuerdo, es para Rodríguez Padrón.

Siempre según los citados medios del Poder Judicial, la segunda de las dos vacantes de la Sala de lo Militar será para una juez progresista, que será nombrada sobre la marcha en un próximo pleno tras ser propuesta in voce.

Durante ese pleno, un vocal progresista alzaría la mano y sobre la marcha diría el nombre de la candidata, porque quieren que sea una mujer, y progresista. En esta sala está la esposa del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

La aspirante oculta se votaría y saldría, sin más, y sin haber pasado por la comisión de calificación, a diferencia de los otros aspirantes. Ni tampoco haber superado las entrevistas a las que son sometidos todos los aspirantes.

Dando así satisfacción, no obstante, al sector conservador, absolutamente contrario a De Prada.

La maniobra para lograr la presidencia del TSJM solo se frustraría si el PP se da cuenta de ella e impone a los suyos que no permitan a sus rivales progresistas conquistar la presidencia del tribunal madrileño.

Si no hay pacto, quedaría vacante.

Y si hay pacto, con un presidente elegido por el sector afín a Pedro Sánchez, el futuro judicial de Isabel Díaz Ayuso puede verse comprometido.

Una fuentes del Consejo, molesta con este tipo de pactos, señala: «La maniobra está muy bien diseñada, ya que los progresistas, para hacerse con el TSJ de Madrid, están dispuestos incluso a permitir que los conservadores elijan a dos de los tres jueces que ahora hay vacantes en la Sala Tercera del Supremo, y ellos solo a uno; además de al presidente del TSJM, un tribunal inferior al Supremo y que a, priori, y en circunstancias normales, no representaría ningún peligro para nadie».

«Pero ahora, la obsesión de Sánchez con Ayuso es tan bestial que, si él controla el TSJM, ella podría tener serios problemas judiciales en el futuro, gracias al manejo de la fiscalía por parte Sánchez, a lo que se añadiría la mano del futuro presidente de este tribunal madrileño», señalan los citados medios.

Si finalmente Celso Rodríguez va al Supremo, los vocales de Sánchez, en una segunda fase, se lanzarán a por su vacante. Con un dos por uno. Cueste lo que cueste. Esta es la maniobra, aunque los conservadores pueden impedirla aún si se dan cuenta de la trampa que esconde la marcha de Celso Rodríguez.