Los sectores del Partido Popular (PP) han expresado dudas sobre el nuevo modelo de primarias que plantea la ponencia de Estatutos, que se votará en el próximo congreso nacional de julio. Aunque comparten el espíritu de la reforma, consideran que el texto debe ser más claro y esperan que el proceso de enmiendas sirva para afinarlo. El PP de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, coincide en que hay aspectos que deben “concretarse” para evitar malentendidos o conflictos futuros.
Los afiliados tienen hasta el 25 de junio para presentar enmiendas a las dos ponencias que se debatirán: la de Estatutos y la de Política. Aunque hay menos documentos que en el congreso de 2017, se espera una lluvia de propuestas enfocadas en perfilar mejor el sistema de elección interna. Algunos veteranos del partido han calificado la redacción como deficiente y advierten de que, si no se clarifica, puede generar conflictos en los próximos procesos autonómicos y provinciales.
El PP madrileño está revisando el texto para garantizar que se respete el principio de “un afiliado, un voto”, clave para la presidenta Ayuso, quien ya ha manifestado su intención de defenderlo. Aún está por ver si registrarán enmiendas formales, pero en declaraciones anteriores, Ayuso afirmó que propondrá cambios para asegurar que ese principio se aplique de forma real en toda España.
El texto de la ponencia establece que el presidente nacional se elegirá en un congreso mediante compromisarios elegidos en listas abiertas. Para ser candidato, se requieren 500 avales de afiliados procedentes de al menos 25 provincias, un aumento significativo respecto a los 100 avales exigidos hasta ahora. Además, los compromisarios deberán adherirse a una lista concreta de candidatos, en un intento de evitar confusiones como las que se produjeron en el congreso extraordinario de 2018, cuando Pablo Casado venció en segunda vuelta pese a que Soraya Sáenz de Santamaría ganó entre la militancia.
Este endurecimiento de los requisitos, según varias fuentes del PP, reducirá notablemente el número de candidatos viables, limitando las opciones a figuras con fuerte implantación nacional como Alberto Núñez Feijóo, Ayuso o Juanma Moreno. La exigencia de avales de 25 provincias ha sido especialmente criticada, al considerar que excluye a perfiles más locales sin respaldo territorial amplio. Algunos dirigentes piden que este umbral se reduzca para hacer más accesible la participación.
También genera incertidumbre el concepto de “listas abiertas”, ya que no está del todo claro cómo se aplicará. Algunos temen que se implemente un modelo tipo “winner takes all”, donde el ganador en una provincia se lleve todos los compromisarios. Otros opinan que mantener la doble vuelta y los compromisarios es una cesión de Génova para evitar confrontaciones con Ayuso, y que en el fondo supone una vuelta parcial al sistema pre-2017. La reforma, por tanto, sigue generando tensiones internas, incluso antes de su aprobación.