Los juzgados españoles procesaron a 50 personas por delitos

Madrid lideró el número de personas físicas procesadas, con 31 acusados en un solo procedimiento

Durante el primer trimestre de 2025, los jueces españoles enviaron a juicio por corrupción a 50 personas físicas y dos personas jurídicas, según informó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta cifra representa un incremento significativo en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se procesó a 34 personas físicas y 14 jurídicas. Los datos reflejan una intensificación de la lucha judicial contra la corrupción en el país.

Madrid lideró el número de personas físicas procesadas, con 31 acusados en un solo procedimiento. Le siguieron Andalucía, con nueve personas físicas y una jurídica en tres causas, y la Comunidad Valenciana, con seis personas físicas y una jurídica en dos procesos. Castilla-La Mancha solo registró una persona procesada durante el mismo periodo.

En cuanto a las resoluciones judiciales, se dictaron 20 sentencias relacionadas con corrupción en los primeros tres meses de 2025. De ellas, 15 fueron total o parcialmente condenatorias (75 %) y 5 absolutorias. Entre las condenas, ocho se produjeron por conformidad entre las partes y siete sin conformidad.

Corrupción pública

El CGPJ destacó que estos procedimientos corresponden a casos de corrupción pública, que es la que genera mayor preocupación entre la ciudadanía. Esto incluye delitos cometidos por funcionarios públicos, políticos o autoridades en el ejercicio de sus funciones, y que implican el uso indebido de recursos públicos. Entre los delitos contemplados figuran la prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros.

Esta información se recopila en el repositorio de corrupción judicial disponible en la web del Poder Judicial desde 2017. Este sistema permite consultar datos sobre personas acusadas, procedimientos abiertos, sentencias dictadas y otros indicadores clave. El repositorio se actualiza trimestralmente y está destinado a fomentar la transparencia y facilitar el seguimiento ciudadano de los avances judiciales contra la corrupción.