Los funcionarios protestan en Madrid para defender el sistema de Muface y amenazan con huelgas

Los empleados públicos insisten en que ya tienen dificultades para concertar citas médicas y pruebas diagnósticas

Miles de funcionarios de toda España se concentraron este sábado frente a la Dirección General de Muface en Madrid para exigir la continuidad del modelo de mutualismo sanitario, en medio de un creciente enfrentamiento entre el Gobierno y las aseguradoras privadas. Convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), alrededor de 35.000 trabajadores públicos denunciaron la incertidumbre generada por la falta de acuerdo para renovar el concierto sanitario, que vence a finales de año.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, advirtió que no se descartan medidas más drásticas si no se llega a una solución: «No descartamos ninguna medida de presión, incluida una huelga en las administraciones públicas». Borra también criticó la falta de apoyo de partidos del Gobierno, como Sumar, a un modelo que, según él, ha beneficiado históricamente a los funcionarios.

«Un servicio esencial bajo amenaza»

Durante la manifestación, los funcionarios subrayaron los problemas que ya enfrentan debido a los retrasos en citas médicas y pruebas diagnósticas. «No se merecen los funcionarios que, con el servicio que dan al ciudadano, se desatienda su situación sanitaria», afirmó Borra. A pesar de que el convenio actual ha sido prolongado hasta el 31 de enero de 2025, los manifestantes expresaron preocupación por la falta de un acuerdo a largo plazo y por las consecuencias de la incertidumbre en el sistema.

Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, Ester Muñoz, se unió a la protesta y culpó al Gobierno de generar una «situación insostenible». Muñoz destacó que el modelo de Muface ha sido positivo en el pasado y que ahora «muchos funcionarios, mayores y jubilados incluso, sienten incertidumbre, sin saber si tendrán que cambiar de médico».

Reclamaciones a Bruselas y al Congreso

CSIF no solo llevó las protestas a las calles de Madrid, sino también a Bruselas, donde presentó «cientos» de quejas recibidas por mutualistas en las últimas semanas. Estas denuncias, registradas también ante el Defensor del Pueblo y el Congreso de los Diputados, apuntan a la suspensión de citas médicas y retrasos en intervenciones quirúrgicas por parte de las clínicas debido a la falta de un nuevo acuerdo. El sindicato busca que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea intervengan para proteger los derechos de los 1,5 millones de mutualistas de Muface y sus familias.

La raíz del problema se encuentra en la falta de acuerdo entre el Gobierno y las tres aseguradoras que actualmente prestan servicios a Muface: Adeslas, Asisa y DKV. Estas compañías no participaron en la primera licitación para el periodo 2025-2026, ya que consideraron insuficiente la subida del 17,12% en las primas propuesta por el Gobierno frente a su demanda de un incremento cercano al 40%.

El conflicto por la licitación sanitaria

Tras el fracaso de la primera licitación, el Gobierno lanzó una consulta preliminar en la que pidió a las aseguradoras que detallaran las condiciones bajo las cuales estarían dispuestas a prestar el servicio. Sin embargo, el informe final de Muface señaló que Asisa y DKV no aportaron pruebas suficientes para justificar sus costes, mientras que Adeslas no participó en absoluto.

Ante esta situación, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció que el Gobierno planea lanzar una nueva licitación antes de fin de año. Esta contemplará un periodo de tres años, de 2025 a 2027, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio sanitario privado para los funcionarios.

La manifestación de este sábado refleja la creciente preocupación entre los trabajadores públicos y pone de relieve la urgencia de encontrar una solución a este conflicto que afecta a miles de familias y al sistema sanitario que las asiste. Con la amenaza de una huelga en el horizonte, el Gobierno enfrenta una presión adicional para resolver el problema antes de que finalice el año.