Hoy: 12 de febrero de 2025
La mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo se ha manifestado a favor de la reapertura del caso Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular en Ermua (Vizcaya) asesinado por ETA en 1997.
Sin embargo, la decisión final sobre si se reabre o no la causa dependerá de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, la ‘número dos’ de la Fiscalía General del Estado.
El debate ha surgido en el seno de la Fiscalía tras la solicitud de la Asociación Dignidad y Justicia de reabrir la investigación sobre el secuestro y asesinato del edil popular. La petición se fundamenta en la posibilidad de imputar nuevos cargos a miembros de ETA que podrían haber participado en el crimen.
Según fuentes jurídicas, la mayoría de los fiscales del Supremo es partidaria de revisar el caso en base a las nuevas pruebas presentadas por la acusación.
Sin embargo, la última palabra la tendrá Sánchez-Conde, quien debe decidir si se da curso a la petición o si se mantiene el archivo del caso, una postura que ha sostenido la Fiscalía en ocasiones anteriores.
El asesinato de Miguel Ángel Blanco, ocurrido en julio de 1997, marcó un punto de inflexión en la lucha contra ETA y generó una gran movilización social en España.
El joven concejal fue secuestrado y posteriormente ejecutado por la banda terrorista tras el incumplimiento de un ultimátum en el que ETA exigía el acercamiento de presos de la organización a cárceles del País Vasco.
Desde la disolución de ETA en 2018, diversas asociaciones de víctimas han impulsado la revisión de varios casos en busca de nuevas responsabilidades penales.
En este contexto, el caso Miguel Ángel Blanco ha vuelto a la actualidad jurídica, con el foco puesto en si la Fiscalía optará por darle una nueva oportunidad a la investigación.
La decisión de la teniente fiscal se espera en los próximos días y podría marcar un precedente en la reactivación de casos relacionados con la violencia terrorista en España.