Los ecologistas aseguran que Doñana se muere de sed

Entregarán a la UE más de 260.000 firmas contra el proyecto de ley del gobierno andaluz que pretende modificar los regadíos en la zona

Organizaciones ecologistas entregarán a la Unión Europea más de 260.000 firmas ciudadanas contra el proyecto de ley del gobierno andaluz, que pretende modificar los regadíos en Doñana; el humedal más importante de Europa, que se estaría «muriendo de sed», según los ambientalistas.

Ecologistas en Acción, Salvemos Doñana, SEO/BirdLife, WeMove Europe y WWF son los promotores de la iniciativa, que entregarán las rúbricas al comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE), Virginijus Sinkevičius; oponiéndose a una Proposición de Ley (PDL) para modificar la regulación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana (Huelva), según un despacho de Europa Press.

Los ecologistas se reunirán con Sinkevicius y trasladarán al comisario «la necesidad de que la UE siga presionando a los gobiernos español y andaluz para evitar que este atentado ecológico ponga en peligro uno de los refugios para la biodiversidad y humedal más importantes de toda Europa».

Doñana es el humedal más importante de Europa y cientos de miles de aves, muchas de ellas provenientes de países del norte de Europa, dependen de sus marismas para criar, pasar el invierno o descansar durante su migración a África, por lo que «España y la Junta de Andalucía tienen una enorme responsabilidad internacional», subrayan los ecologistas en su carta a la UE.

La iniciativa parlamentaria de PP y Vox que ha puesto en pie de guerra a los ecologistas y a partidos de izquierda persigue la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado y fue abordada por la Mesa del parlamento andaluz en marzo, cuando decidió tramitarla con urgencia y modificar un plan para la zona, que data de 2014; siempre según el texto llevado a la cámara autonómica.

Sus promotores consideran que la modificación revertirá la situación de «desamparo» de más de 1.500 agricultores onubenses y errores cometidos en los últimos años en la gestión de tierras no aptas para la cosecha de frutos rojos y sus consecuencias en el consumo de agua.

El control de las extracciones de aguas del subsuelo con incidencia negativa sobre el acuífero 27, que mantiene gran parte de los ecosistemas de Doñana, y la ordenación de las explotaciones intensivas de regadío (fundamentalmente cultivos de frutos rojos) que han ido ocupando el espacio forestal, creando en determinadas situaciones tensiones e impactos en los espacios naturales del entorno, afectando de forma especial a la dispersión de la fauna silvestre, son las razones fundamentales esgrimidas por PP y Vox, que recuerdan la conflictividad social y el alto número de pleitos judiciales que provocó el anterior ordenamiento.

Pero sus razones no convencen a los ecologistas, que aseguran «Doñana se muere de sed» por el cambio climático; agravado por la agricultura intensiva, invernaderos incontrolados para producir fresas y otros frutos rojos, que secaron arroyos, contaminado y sobre explotado acuíferos en esa comarca de Huelva.

Los ambientalistas critican que, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les dio «la razón» y condenó a España por destruir la naturaleza de Doñana», la situación lejos de mejorarse se ha agravado, hasta el punto de calificarla de «atentado» contra una de las mayores joyas naturales del continente.

«Sería uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de Doñana y una burla a toda la sociedad y a los organismos internacionales con los que se ha comprometido el Estado español», sostienen los ecologistas.

«Si cae Doñana, pronto caerán otros», advierten Ecologistas en Acción, Salvemos Doñana, SEO/BirdLife, WeMove Europe y WWF en su misiva al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius; con quien se reunirán próximamente.

Sinkevičius es un político lituano que desde 2019 ocupa el cargo de comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca.

Las entidades ecologistas que se oponen el proyecto de ley andaluz están entre las más representativas en el ámbito europeo.