La UCO, en un informe de 348 folios judiciales al que ha tenido acceso Fuentes Informadas, constata que el Gobierno de Torres avaló las mascarillas pese a las «dudas» durante la contratación. Sostiene que el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera —que meses después fue director del Servicio Canario de Salud—, aseguró la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión cuando aún se debatía en la Administración canaria si la operación era viable. Los investigadores señalan que los responsables del procedimiento expresaron “dudas” sobre el precio y la calidad del material.
El informe, presentado ante la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo, analiza la compra de material sanitario por valor de 12 millones de euros durante la pandemia. Según la UCO, la propuesta de contratación habría llegado “desde el Ministerio de Transportes, a través de Olivera”, cuando el departamento estaba dirigido por José Luis Ábalos. Los funcionarios del Gobierno canario alertaron de que el precio estaba “fuera de mercado” y que ya existían reservas suficientes para los meses siguientes.
La investigación sitúa el inicio de los contactos el 20 de abril de 2020, cuando el empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario de la trama, facilitó a Íñigo Rotaeche —titular de Soluciones de Gestión— el contacto de Olivera, “previamente proporcionado por Koldo García”. En una conversación posterior, el exviceconsejero canario comentó con el asesor de Ábalos que ya había hablado con Rotaeche y que solo quedaba concretar la cantidad del pedido: “Es posible que nos quedemos en esta ocasión dos millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo. ¿Te parece bien?”, escribió.
La Guardia Civil concluye que Soluciones de Gestión “ya estaría suministrando mascarillas” antes de formalizar el contrato y subraya “el control” que Koldo García mantenía sobre estas operaciones, incluso preguntando a Olivera “la cantidad de material que se pueden quedar”. En los intercambios posteriores, Olivera instó a cerrar la compra “relativamente rápido” y remitió un correo interno en el que presentaba la oferta de cinco millones de mascarillas como una propuesta que “se la ha hecho llegar el Ministerio de Transportes”.
Pese a las dudas de la funcionaria María Salomé Ballesteros —que advirtió de que las mascarillas se aprobaron “sin ficha” y a un precio superior al habitual—, el proceso siguió adelante. Ballesteros insistió: “¿Estamos seguros? ¿Hay dinero suficiente? ¿Son 12 millones? Hemos comprado mascarillas más baratas”. Su superior, Ana María Pérez, le respondió que continuara, añadiendo: “Seguro que te distes cuenta de dónde procede la propuesta”. La UCO interpreta que se refería al Ministerio de Fomento y Transportes, a través del viceconsejero Olivera.
Los investigadores también recogen tensiones posteriores por los retrasos en los pagos del Gobierno canario a Soluciones de Gestión. En una conversación, Rotaeche se quejó a De Aldama diciendo: “El mamón aquí es Canarias”. Koldo García intervino para mediar y pidió a Olivera: “Por favor, arréglalo que me están volviendo loco estos tíos”. El exviceconsejero respondió que ya había dado aviso y que estaban gestionando la confirmación de los pagos, lo que para la UCO evidencia la implicación directa de Olivera en toda la operación.