La Policía Nacional libera a 18 mujeres explotadas sexualmente en un club de alterne en País Vasco

Un operativo policial desmantela una red de trata de personas en Guipúzcoa

La Policía Nacional ha liberado a 18 mujeres que eran explotadas sexualmente en un club de alterne en Aduna, Guipúzcoa. Durante la operación, se ha arrestado al propietario del establecimiento y se investiga a su pareja sentimental, a quien también se le imputan delitos contra los derechos de los trabajadores y relacionados con la prostitución.

Según ha informado la Delegación de Gobierno, la operación, llevada a cabo por investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de San Sebastián, se inició a mediados de junio cuando, a raíz de una inspección policial, se detectó que en un club de Aduna se estarían cometiendo delitos relativos a la prostitución y la explotación sexual sobre las trabajadoras que se encontraban en él.

En la inspección, los agentes hallaron a quince personas, once de las cuales eran mujeres ejerciendo la prostitución, dos trabajadores que realizaban tareas de camarero y encargado y dos clientes. Durante el desarrollo de la operación, los policías también hallaron una carpeta con anotaciones sobre los servicios de las mujeres, figurando todas con un alias.

Protección de testigos

Ante las sospechas de que estas trabajadoras pudieran estar explotadas sexualmente, los investigadores se entrevistaron reservadamente con ellas. Las mujeres les manifestaron que el club abría las 24 horas del día y que para poder trabajar allí debían contratar una «plaza» en el local por un periodo mínimo de 21 días, tiempo durante el cual debían abonar 20 euros por jornada.

Además, debían pagar 10 euros por cada servicio de media hora del que cobraban 60 euros, teniendo que pagar 20 por los servicios de una hora por los que cobraban 120 euros. En cuanto a las copas a las que los clientes las invitaban, el club también se llevaba el 50%.

Algunas de las mujeres ampliaron estos relatos y denunciaron más delitos, por lo que las citaron en dependencias policiales para indagar en mayor profundidad.

Una vez en Comisaría, se confirió el carácter de testigo protegido a dos de ellas por el temor a posibles represalias del investigado. Así, una de ellas aseguró que el investigado la forzó a mantener relaciones sexuales por temor a ser expulsada.