Las leyes sociales que se quedan en el aire tras el adelanto electoral de Sánchez

Se paralizan proyectos que iban desde la reforma del aborto y la lucha contra la trata hasta la regulación del entorno digital de los menores

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, anunciado este lunes por Pedro Sánchez, deja en suspenso una larga lista de iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. Algunas se encontraban ya en plena tramitación parlamentaria y otras todavía estaban pendientes de pasar por el Consejo de Ministros.

La disolución de las Cortes pondrá fin a la tramitación de las iniciativas que no hayan culminado su recorrido parlamentario, obligando a los futuros Gobierno y Parlamento a decidir si recuperan esos proyectos.

Una de las normas que decaerá es la Ley de Violencia Vicaria, que superó su primer examen en el Congreso el pasado 30 de septiembre. El proyecto contemplaba considerar esta violencia como agravante de género y establecía medidas como la privación automática de la patria potestad para los padres condenados por maltrato.

La propuesta también planteaba prohibir durante un periodo de hasta 20 años que los condenados por violencia vicaria pudieran hablar públicamente sobre el crimen.

Tampoco culminará su recorrido la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que estaba pendiente de una segunda aprobación por el Consejo de Ministros. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, había explicado en junio que la adaptación a la nueva Directiva Europea de Trata obligaba a modificar el texto antes de su aprobación definitiva.

A ello se suma la Ley para castigar las prácticas de conversión LGTBI, que ya había superado el Congreso y se encontraba en el Senado.

También queda paralizada la reforma del artículo 43 de la Constitución destinada a blindar el derecho al aborto, actualmente en tramitación parlamentaria.

El adelanto electoral también deja en el aire la Ley de Familias, una de las iniciativas pendientes del Ministerio de Derechos Sociales y que permanecía bloqueada en el Congreso.

La falta de Presupuestos Generales del Estado supone además otro obstáculo para una de las principales reivindicaciones de Sumar: la prestación universal por crianza.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, había asumido también el compromiso de impulsar una Ley de Servicios Sociales, heredera de una iniciativa promovida durante la anterior legislatura por Ione Belarra. Sin embargo, el proyecto no había regresado al Consejo de Ministros.

El Ministerio de Juventud e Infancia ve igualmente cómo varias de sus iniciativas quedan interrumpidas.

Entre ellas figura el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que se encontraba en fase de ponencia en el Congreso. Una de sus principales medidas era restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

También queda pendiente la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros en mayo. El proyecto contempla, entre otras medidas, reforzar el derecho del menor a ser escuchado y establecer medidas de alejamiento respecto a progenitores sobre los que existan acusaciones de maltrato.

La ministra Sira Rego había anunciado además su intención de llevar al Consejo de Ministros una Ley de Familias Acogedoras, con medidas destinadas a fomentar la acogida y la adopción.

Tampoco seguirá adelante en esta legislatura el proyecto de Ley de Juventud, cuyo borrador estaba siendo negociado con el PSOE. Entre las propuestas que se habían planteado para esta norma figuraba la posibilidad de reconocer el derecho al voto a partir de los 16 años.

El adelanto electoral afecta igualmente a la política migratoria. Quedan pendientes la nueva Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería, dos anteproyectos aprobados en primera vuelta por el Consejo de Ministros para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Existe, sin embargo, una diferencia importante respecto a otra reforma migratoria. El decreto ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados en situaciones de contingencia ya fue convalidado por el Congreso.

Aunque se estaba tramitando posteriormente como proyecto de ley, el adelanto electoral no supone su desaparición inmediata: al haber sido convalidado, continuará en vigor en los términos publicados en el Boletín Oficial del Estado.

El Gobierno también estudiaba aprobar otro decreto para agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo en Ceuta, una iniciativa que contemplaba, entre otras cuestiones, modificar el procedimiento de examen de estas peticiones y prescindir de la intervención de ACNUR en determinados trámites.

La convocatoria electoral deja así en suspenso buena parte de la agenda legislativa social que PSOE y Sumar pretendían desarrollar durante la legislatura. Tras las elecciones, la continuidad de estos proyectos dependerá del nuevo Parlamento y de las prioridades del Gobierno que resulte de las urnas.