Hoy: 22 de noviembre de 2024
El futuro de la presidencia de Claudia Sheinbaum es cada vez más incierto. Las pruebas son contundentes, pero queda por ver si hay voluntad política para llevar a cabo una investigación exhaustiva
La Ley de Benford, una herramienta matemática utilizada para detectar irregularidades en cifras financieras, fiscales y electorales, confirma la manipulación de votos en 73.919 casillas en las pasadas elecciones del 2 de junio en México.
El análisis, impulsado por el grupo de expertos autodenominado Fuerza Ciudadana, indica que de las 5.561 casillas analizadas en el Conteo Rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), 2.459 presentaron serias anomalías que favorecieron a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum.
La situación es aún más grave en el Cómputo Distrital, donde se descubrieron alteraciones en un total de 73.919 casillas que favorecieron a la candidata, con una diferencia de más de 25 puntos porcentuales en las cifras esperadas según la Ley de Benford.
La desviación más alarmante se detectó en las casillas con resultados entre 200 y 299 votos, donde la proporción de votos a favor de Claudia alcanzó un 43.51%, cuando el valor esperado era del 17.6%, lo que indica, según los expertos, un “megafraude” que pasará a la historia como uno de los más grandes de la política global.
El fraude electoral, que ha sido calificado como un intento de “Golpe de Estado blando” por parte del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), también habría beneficiado a otros candidatos y legisladores aliados del gobierno. Las acusaciones sugieren que estas manipulaciones formarían parte de un plan para llevar a México hacia una “dictadura comunista”, como ya lo había advertido el periódico The Wall Street Journal.
El uso de la Ley de Benford fue clave para exponer el supuesto fraude. Este modelo estadístico se utiliza a nivel internacional para detectar irregularidades en diversas áreas, y en este caso se ha aplicado a la elección presidencial mexicana.
Los resultados no sólo habrían mostrado una gran manipulación de votos a favor de Sheinbaum, sino que también habrían validado la representatividad del modelo científico utilizado por el propio INE para el Conteo Rápido.
El análisis se extendió a un total de 170.486 casillas en todo el país, revelando que el fraude no fue aislado, sino que afectó a toda la elección. Se descubrieron actas duplicadas, votos inflados y urnas manipuladas en beneficio de la candidata oficialista, lo que pone en duda la legitimidad de los resultados validados por el Tribunal Electoral. De confirmarse, la presidencia de Claudia Sheinbaum quedaría marcada como ilegítima, y la elección como un proceso viciado que requeriría su anulación y repetición.
La magnitud del escándalo despierta el interés internacional, especialmente entre expertos en fraudes electorales, quienes consideran esta elección como un “ejemplo de lo que no se debe hacer”.
A nivel nacional, la situación ha generado gran controversia, y se espera que los organismos judiciales, tanto nacionales como internacionales, se involucren en la investigación. Algunos sectores ya están pidiendo una auditoría forense de toda la elección y, en última instancia, la anulación de los comicios.
Los partidarios de la opositora Xóchitl Gálvez, la principal contendiente de Sheinbaum, destacan que sus votos no presentan irregularidades al aplicar la Ley de Benford, lo que refuerza sus afirmaciones sobre un fraude masivo orquestado por el gobierno en funciones.
La elección presidencial de México 2024, que ya era una de las más polarizadas en la historia reciente del país, ahora está envuelta en un escándalo de proporciones épicas que, según algunos expertos, podría dejar una huella imborrable en la historia democrática de México.
El futuro de la presidencia de Claudia Sheinbaum es incierto. Las pruebas de fraude son contundentes, pero queda por ver si habrá voluntad política para llevar a cabo una investigación exhaustiva y, en su caso, anular los resultados de una elección que ya ha sido calificada como “una vergüenza mundial”.
Los ojos de México y del mundo están puestos en las decisiones que tomarán el Tribunal Electoral y, posiblemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los próximos meses.