Las confesiones de una jueza corrupta

«La ignorancia que se oculta tras una toga es peligrosa; la que se combina con la codicia convierte la administración de justicia en una guillotina para los derechos ciudadanos»

«Amiguitos y amiguitas, voy a contarles cómo funciona este pequeño mundo que algunos todavía se empeñan en llamar administración de justicia. ¡Qué ingenuidad! Hay quienes creen que basta con presentar una demanda, consignar documentos, invocar el derecho y esperar una decisión conforme a la ley. ¡Como si la justicia fuera una operación matemática! Lo verdaderamente importante no siempre es lo que dicen los expedientes, sino quién llega, quién recomienda, quién intercede y qué beneficio puede obtenerse de cada circunstancia. Una toga puede parecer un símbolo de dignidad, pero también puede convertirse en el disfraz perfecto para ocultar la mediocridad, la arbitrariedad y la codicia».

«No crean que todo se reduce a recibir dinero directamente. ¡Qué vulgaridad sería esa! Existen maneras mucho más discretas de negociar voluntades: favores, compromisos, recomendaciones, atenciones y promesas que se pagan de distintas formas. La corrupción no siempre necesita que el dinero cambie de manos delante de testigos; a veces basta con que todos comprendan lo que se espera de cada uno. Y cuando alguien pregunta por qué una decisión favorece a quien no debería, siempre queda el recurso de envolver la respuesta en palabras solemnes, citar alguna disposición fuera de contexto y fingir que se ha realizado un profundo ejercicio jurídico».

«También tenemos el tiempo, amiguitos y amiguitas. ¡Ese recurso tan útil cuando se administra con malas intenciones! Un expediente puede dormir durante meses, las solicitudes pueden permanecer esperando una respuesta y las partes pueden desgastarse mientras la incertidumbre consume sus recursos. Después, si alguien protesta, se le recuerda que los tribunales tienen mucho trabajo. Así se confunde deliberadamente la carga procesal con el retardo procesal injustificado y se pretende disfrazar las dilaciones indebidas de simples dificultades administrativas. El ciudadano espera justicia; nosotros, mientras tanto, podemos acostumbrarlo a esperar tanto que termine agotado, desesperanzado o dispuesto a aceptar cualquier salida».

«¿Y qué me dicen de los conocimientos jurídicos? ¡Ah, esa materia tan incómoda! Hay jueces que estudian, investigan, razonan y se esfuerzan por dominar el derecho; pero también hay quienes consideran que ocupar una silla elevada equivale a poseer ciencia jurídica. Si desconocen una norma, no importa: pueden improvisar. Si no entienden un argumento, pueden ignorarlo. Si una defensa demuestra que el planteamiento judicial es equivocado, siempre queda la posibilidad de apartar la mirada. El principio iura novit curia no puede convertirse en una frase ornamental: exige que quien juzga conozca y aplique el derecho, no que utilice su desconocimiento como excusa para atropellarlo. Pero, claro, reconocer una equivocación requiere una humildad que no siempre acompaña a la vanidad revestida de autoridad».

«Cuando la defensa plantea argumentos que incomodan, también podemos recurrir a la conocida falacia del desvío. En lugar de responder lo que realmente se nos pregunta, dirigimos la discusión hacia otra cuestión, sacamos una circunstancia secundaria de su contexto y hacemos como si hubiéramos contestado el planteamiento principal. Si la defensa denuncia una irregularidad, respondemos con una consideración irrelevante; si reclama una explicación, ofrecemos un discurso que no resuelve nada. La motivación de una sentencia no consiste en llenar páginas, sino en responder de manera lógica, congruente y jurídicamente fundada a las cuestiones sometidas a decisión. Una resolución puede tener muchas palabras y, sin embargo, dejar intacta la pregunta esencial: ¿por qué se decidió de esa manera?».

«Otra de nuestras especialidades consiste en confundir —o fingir que confundimos— lo que se hace contra la ley con lo que se hace utilizando aparentemente la ley para eludir su finalidad. No es lo mismo actuar contra legem que incurrir en fraude de ley. La primera expresión alude a una actuación contraria a la norma; la segunda, al empleo de una norma o de una cobertura jurídica para alcanzar un resultado prohibido o eludir el cumplimiento de otra disposición. El fraude de ley no convierte en legítimo lo que se pretende ocultar detrás de una apariencia de legalidad. Pero cuando se tiene poca disposición para estudiar y demasiada inclinación a imponer la propia voluntad, las distinciones jurídicas se convierten en estorbos y la interpretación termina siendo una coartada».

«Y no olvidemos a los adelantados, amiguitos y amiguitas. Esos personajes que aparecen como si fueran amigos de todo el mundo, que se acercan a los abogados, se muestran serviciales, ofrecen contactos y procuran crear una confianza que no nace de la honestidad, sino de un interés particular. Algunos comienzan con una conversación amable y terminan pidiendo una comida, una bebida, papel, tóner, material de oficina o cualquier otra atención. Después, aquello que parecía una simple gentileza se transforma en una insinuación: que conviene llevarse bien con determinadas personas, que hay caminos más fáciles y que ciertas puertas pueden abrirse mediante intermediarios. La familiaridad fingida puede ser el primer paso de una operación destinada a normalizar favores indebidos y a convertir la necesidad del justiciable en una oportunidad de beneficio. No todos los que se acercan tienen malas intenciones, desde luego; precisamente por eso hay que distinguir la cortesía auténtica de la aproximación interesada».

«Y que nadie pretenda que estas prácticas pertenecen exclusivamente a la defensa pública o a la defensa privada. Sería injusto e intelectualmente deshonesto generalizar. Hay defensores públicos que cumplen su deber con dignidad y valentía, así como abogados privados que ejercen su profesión con rectitud; también pueden existir individuos de cualquiera de esos ámbitos que traicionen la confianza depositada en ellos. La corrupción no se identifica por la naturaleza del cargo ni por la modalidad de ejercicio profesional, sino por la conducta concreta de quien utiliza su posición para obtener ventajas indebidas o perjudicar deliberadamente los derechos ajenos. Y cuando un abogado honesto se niega a participar en estas maniobras, pueden tratarlo de ingenuo, ridiculizarlo o intentar aislarlo. La integridad incomoda especialmente a quienes necesitan que todo el mundo crea que sus prácticas son normales».

«Así llegamos al final de estas confesiones imaginarias, amiguitos y amiguitas. No les he hablado de una persona determinada, de un tribunal identificable ni de un expediente concreto. Les he presentado, mediante la sátira, un personaje que reúne vicios institucionales que merecen ser denunciados: ignorancia jurídica, arbitrariedad, corrupción, retardo procesal, dilaciones indebidas, desviación argumentativa y desprecio por la defensa. Cuando la toga deja de representar el imperio del derecho y se convierte en instrumento de vanidad, impunidad o provecho particular, la justicia pierde su autoridad moral y el ciudadano queda expuesto a la indefensión. La dignidad judicial no se demuestra con el tamaño del despacho, la solemnidad de las palabras ni la severidad del rostro; se demuestra estudiando, razonando, respetando las garantías y resolviendo conforme a derecho. Porque una sociedad no puede confiar en una justicia que exige respeto para sus símbolos, pero olvida el respeto que debe a los derechos de las personas».

«Quien desconoce el derecho y comercia con la justicia no solo traiciona su cargo: convierte la necesidad del ciudadano en el precio de su propia deshonra».

Nota: Este artículo utiliza la sátira, la ficción y el diálogo imaginario como recursos de crítica institucional. Los personajes y las conversaciones son ficticios y no constituyen atribuciones de hechos a personas o tribunales determinados.

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario