La universidad de la vergüenza: profesores despojados, propietarios soberbios y cuentas pendientes ante Dios

«¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía!» Isaías 10:1.

Hay miserias que no se esconden debajo de la ropa, sino detrás de los títulos, los apellidos, las cuentas bancarias y las fachadas de respetabilidad. La Universidad Pepe Goyo ofrece, en los hechos que aquí se denuncian, una lección que ningún estudiante debería recibir de sus autoridades: la posibilidad de convertir una institución destinada a educar en un mecanismo para desgastar a sus propios profesores, desconocer sus derechos y deshacerse de ellos cuando empiezan a representar obligaciones económicas incómodas.

Sus propietarios podrán pavonearse de su posición, presumir de grandeza y exhibir una opulencia que deslumbre a los incautos, pero ninguna riqueza consigue transformar la mezquindad en virtud. Un hombre que dedica su vida a enseñar no es un objeto que se compra mientras resulta rentable y se desecha cuando envejece. Es una persona con sentimientos, necesidades, dignidad y derechos.

Sin embargo, quienes consideran que el poder económico les permite disponer de la vida laboral ajena terminan confundiendo autoridad con impunidad y riqueza con superioridad humana. ¡Qué grandeza tan miserable la de quien puede pagar lujos, pero regatea el salario de quien contribuyó a sostener su institución! Y qué vergüenza para una casa de estudios que pretende formar profesionales cuando su propia conducta, en lugar de enseñar respeto, ofrece una cátedra de ingratitud.

El caso del profesor titular de la tercera edad retrata esa perversión con una crudeza particular. El docente no se marchó porque hubiera perdido el amor por su profesión, ni porque se hubiera cansado de enseñar, ni porque hubiese decidido abandonar voluntariamente una actividad que necesitaba para vivir y que, además, constituía su vocación de servicio.

Quería permanecer en la universidad, necesitaba su trabajo y deseaba continuar ejerciendo la docencia. A pesar de los horarios difíciles, de las jornadas nocturnas y de las dificultades de transporte derivadas de vivir lejos, continuó cumpliendo sus labores con el compromiso de quien entiende que enseñar no consiste únicamente en presentarse ante un aula, sino en asumir una responsabilidad con los estudiantes. Había ganado el afecto de muchos de ellos y había entregado años de su vida a una tarea que merecía respeto.

Pero, según la denuncia, los propietarios decidieron apartarlo y desconocer su condición de titular. ¿Qué clase de conciencia necesita una institución para mirar semejante trayectoria y responder con el desprecio? ¿Qué clase de administración considera prescindible a un profesor precisamente cuando sus años de servicio deberían motivar reconocimiento y gratitud? El docente no abandonó su vocación: fueron las decisiones de quienes controlaban su permanencia las que terminaron apartándolo de ella. Esa diferencia no debe borrarse con una frase burocrática ni ocultarse detrás de un expediente.

La estrategia denunciada merece llamarse por su nombre: horarios deliberadamente difíciles, cruzados y agotadores, concebidos para desgastar al profesor hasta conseguir que renuncie. No se trata, en el relato de este caso, de una casualidad en la elaboración de los horarios ni de un simple desacuerdo administrativo.

La maniobra consiste en colocar al trabajador ante unas condiciones tan difíciles que termine diciendo que ya no puede continuar. Si renuncia, la institución consigue que se marche por una decisión formalmente suya, aunque las condiciones hayan sido organizadas para empujarlo hacia esa salida. Y si no renuncia, si persiste por necesidad, por responsabilidad y por amor a la docencia, entonces aparece la decisión de expulsarlo. ¡He ahí la trampa: si se rinde, se va; si resiste, lo sacan!

De esa manera, quienes controlan la institución pretenden convertir su propia voluntad de apartar al profesor en una supuesta decisión del trabajador. Es una forma ruin de administrar las relaciones laborales, porque utiliza el cansancio humano como instrumento y la necesidad económica como palanca. El profesor soporta las dificultades para conservar su puesto; los responsables, en cambio, pueden disponer de su horario sin experimentar en carne propia los largos desplazamientos, el agotamiento y la incertidumbre que le imponen. Quien diseña una trampa para que otro renuncie no puede presumir de haber respetado su voluntad cuando finalmente consigue que se marche.

La historia de la secretaria que ejecutó esa maniobra por mandato del propietario añade otro capítulo a esta vergonzosa trama. Se denuncia que dicha empleada, descrita como amante del dueño de la universidad, participó en las actuaciones dirigidas contra el profesor y que posteriormente fue despedida después de protagonizar un enfrentamiento verbal con la rectora, a quien habría gritado e insultado.

El episodio expone una contradicción que merece ser examinada: quienes se sirven de determinadas personas mientras les resultan convenientes pueden terminar apartándolas cuando dejan de serlo. Y la institución que tolera el uso de relaciones personales como vía de influencia corre el riesgo de convertir la administración académica en un escenario de favoritismos, intrigas y arbitrariedades.

Una universidad no puede funcionar como propiedad privada de los caprichos sentimentales de sus dueños, ni la contratación de personal debe confundirse con un instrumento para alimentar el ego de quien manda. Si el propietario presume de virilidad por mantener relaciones con mujeres jóvenes a las que contrata y colma de regalos, joyas o privilegios, convendría recordarle que ninguna conquista personal lo convierte en mejor empresario, mejor educador ni mejor ser humano.

La ostentación de masculinidad no sustituye la decencia, y la diferencia de poder entre quien contrata y quien busca trabajo exige responsabilidad, no exhibiciones de vanidad. El verdadero carácter de un hombre no se mide por las mujeres que consigue impresionar, sino por la justicia con que trata a las personas que dependen de sus decisiones.

A la rectora también le corresponde reflexionar sobre la institución cuya imagen representa. La respetabilidad pública no puede servir de escudo para desentenderse de las decisiones que perjudican a los trabajadores. Si conoce una situación injusta y tiene atribuciones para intervenir, su responsabilidad no desaparece porque el propietario sea quien ejerza mayor poder económico.

Tampoco basta con conservar una apariencia de corrección mientras los profesores reclaman que se les reconozcan derechos. La dignidad de una autoridad universitaria se demuestra cuando pone límites a los abusos, no cuando guarda silencio para evitar conflictos con quienes controlan el dinero. Quien ocupa un cargo directivo debe preguntarse si está contribuyendo a resolver la injusticia o si, por comodidad, conveniencia o temor, está permitiendo que continúe. La imagen institucional puede deteriorarse por una denuncia, pero se deteriora mucho más cuando quienes tienen la posibilidad de rectificar prefieren proteger sus posiciones antes que examinar los hechos.

No es suficiente aparecer como una persona respetable; hay que actuar con respeto hacia quienes están bajo la autoridad de la institución. Y si se ha cometido una injusticia, la respuesta no consiste en desacreditar al trabajador que la denuncia, sino en revisar las decisiones, esclarecer las responsabilidades y reparar el daño que corresponda. La rectora no puede convertir la respetabilidad de su imagen en sustituto de la responsabilidad de su cargo.

Hay una cuestión jurídica que los propietarios no pueden resolver a su antojo: la titularidad del profesor y las consecuencias laborales y económicas que se derivan de su situación. La titularidad no es una medalla decorativa que la universidad exhibe cuando le conviene y esconde cuando llega la hora de reconocer sus efectos. Su alcance debe determinarse conforme al régimen jurídico aplicable, pero ninguna institución tiene derecho a sustituir la ley por sus propias conveniencias.

Si el profesor adquirió legítimamente su condición de titular, esa circunstancia merece reconocimiento y respeto; si le corresponden salarios, prestaciones, estabilidad laboral o derechos vinculados a la jubilación, tales obligaciones deben examinarse y satisfacerse conforme a derecho. Las normas constitucionales, la legislación laboral, las disposiciones de seguridad social y las garantías de protección de las personas mayores no son papeles destinados a adornar bibliotecas jurídicas. Son instrumentos que limitan el poder y protegen a las personas frente a decisiones arbitrarias. La edad avanzada no elimina derechos; la necesidad económica no autoriza a explotarlos; y la proximidad de la jubilación no concede a ningún propietario una licencia para fabricar las condiciones que empujen al profesor hacia la puerta.

Si la institución pretende desconocer la titularidad, debe fundamentar jurídicamente su posición. Si existen cantidades pendientes, debe calcularlas y pagarlas. Si procede la reincorporación, debe hacerla efectiva. Y si corresponde la jubilación, debe reconocerla con las prestaciones y la pensión que establezca el régimen aplicable. Lo contrario es pretender que la voluntad del dueño esté por encima de las normas que obligan a todos.

El problema se vuelve todavía más indignante cuando se considera la gratitud que una institución debe a quienes han contribuido a sostenerla. El profesor cumplió horarios nocturnos, soportó dificultades de transporte y recorrió largas distancias para llegar a sus clases. No abandonó sus responsabilidades a la primera incomodidad; persistió porque entendía el valor de su trabajo y porque sentía afecto por sus estudiantes.

Sin embargo, los propietarios terminaron desconociendo su trayectoria. Cervantes dejó una máxima que atraviesa los siglos: «De gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe». La gratitud no es una obligación exclusiva de los hijos hacia sus padres ni de los alumnos hacia sus maestros; también compromete a las instituciones que se benefician del esfuerzo de sus trabajadores. ¿Cómo puede una universidad presumir de su historia si desprecia a quienes contribuyeron a escribirla? ¿Cómo puede exigir lealtad a sus profesores cuando responde a su entrega con horarios destinados a agotarlos y decisiones dirigidas a apartarlos?

La ingratitud institucional consiste en aprovecharse del esfuerzo ajeno mientras resulta útil y fingir que nunca existió cuando llega el momento de reconocerlo. Un profesor no pide que le regalen sus méritos: exige que no se los arrebaten. Y quienes administran una universidad deberían comprender que cada clase impartida, cada estudiante orientado y cada jornada cumplida constituyen una contribución que no desaparece porque al propietario deje de convenirle reconocerla.

Pero hay algo más que una deuda laboral: existe una deuda de conciencia. Los propietarios pueden exhibir riqueza, financiar viajes, comprar joyas, pagar comodidades y destinar dinero a una vida de ostentación, mientras los docentes que sostienen la actividad académica reclaman sus salarios y sus prestaciones. Si después de diez años de trabajo al profesor solo se le pagaron treinta y cuatro dólares, la institución debe explicar documentalmente qué conceptos se cancelaron, qué cantidades quedaron pendientes y cómo se calculó ese pago.

Treinta y cuatro dólares no son una respuesta suficiente cuando lo que se reclama es el reconocimiento íntegro de una trayectoria laboral. Si existen deudas, deben pagarse; si hay errores en la liquidación, deben corregirse; y si se han desconocido derechos, debe procederse a su reparación. Ningún empresario puede convertir el salario en una dádiva ni tratar las prestaciones como dinero propio que entrega únicamente cuando le resulta conveniente. El dinero que corresponde al trabajador no es una contribución voluntaria del empleador: es una obligación que nace de la relación laboral y de la ley. Y quien dispone de recursos para financiar gastos superfluos mientras se niega a esclarecer las reclamaciones de sus profesores debe responder a una pregunta elemental: ¿por qué la abundancia alcanza para los privilegios, pero parece no alcanzar para cumplir las obligaciones? La verdadera miseria no consiste en tener poco dinero, sino en disponer de recursos y carecer de voluntad para reconocer lo que se debe.

A estos propietarios les convendría reflexionar sobre la ley de las consecuencias imprevistas. La historia ofrece ejemplos de decisiones que, concebidas para resolver un problema, terminan provocando otro más grave porque quienes las adoptan no calculan los incentivos que crean.

Uno de los casos más conocidos es el llamado efecto cobra, asociado a una política de incentivos que terminó favoreciendo la cría de los animales que se pretendía reducir. La enseñanza es sencilla: quien cree controlar todas las consecuencias de sus decisiones puede terminar enfrentándose a resultados que jamás imaginó. En la vida institucional, una maniobra destinada a ahorrarse las obligaciones con un profesor puede producir una denuncia pública, un conflicto laboral, procedimientos jurídicos, deterioro de la reputación y un legado de vergüenza que sobreviva a quienes tomaron las decisiones. El poder económico no convierte a nadie en dueño del futuro. Tampoco las dificultades de la vida avisan siempre cuándo llegarán ni preguntan quién se considera suficientemente poderoso para afrontarlas. Precisamente por eso, cuando una familia atraviesa enfermedades graves, gastos extraordinarios o situaciones que ponen a prueba su fortaleza, es razonable detenerse a pensar en la fragilidad humana, en las decisiones propias y en la manera de tratar a los demás.

No se puede afirmar que una enfermedad sea consecuencia de una deuda laboral ni que el sufrimiento de una familia constituya un castigo divino. Pero sí cabe formular una pregunta moral que nadie debería eludir: si nosotros conocemos el dolor, la incertidumbre y la angustia de necesitar ayuda, ¿con qué conciencia podemos negarnos a reparar el daño que hemos causado a otros?

Cuando el cáncer irrumpe en una familia, cuando los gastos médicos se multiplican, cuando la angustia altera la vida cotidiana y el futuro se vuelve incierto, nadie necesita que otro ser humano le añada sufrimiento. Esas experiencias deberían recordarnos que la salud, la estabilidad y la vida misma son frágiles; que el dinero no compra todas las respuestas y que la arrogancia no inmuniza contra la adversidad.

Quienes han atravesado semejantes dificultades tienen una oportunidad de examinar sus propias decisiones, no para buscar culpables sobrenaturales de sus desgracias, sino para preguntarse si han sido justos con las personas que dependen de ellos o que alguna vez confiaron en ellos. ¿Qué sentido tiene pedir misericordia para uno mismo y negarse a practicarla con el prójimo? ¿Qué valor tiene implorar ayuda en la hora amarga si, cuando otro necesita que se le reconozca lo suyo, se le cierra la puerta? No se trata de afirmar que las desgracias familiares sean el resultado de una conducta laboral determinada; se trata de comprender que la vulnerabilidad humana exige humildad y que ninguna persona debería esperar a sufrir para descubrir el valor de la justicia.

La deuda con un profesor no desaparece porque el propietario atraviese una dificultad personal, del mismo modo que la enfermedad de una familia no puede utilizarse para humillar a nadie. Cada asunto exige su tratamiento justo. Y quien desea vivir con la conciencia tranquila debe empezar por hacer lo que está a su alcance: reconocer los errores, pagar lo que debe y reparar el daño que ha causado. La adversidad debería enseñarnos compasión, no servirnos de excusa para olvidar nuestras obligaciones.

La contradicción religiosa merece un capítulo aparte. Hay personas que oran, rezan, frecuentan los templos y hablan de su fe, pero parecen olvidar que el cristianismo no reduce la justicia a pronunciar plegarias. El libro del Eclesiástico enseña la importancia de la misericordia y la conducta recta; el Evangelio de Mateo recuerda que el trato dispensado a los más pequeños tiene una significación moral profunda; y la carta de Santiago contiene una severa advertencia contra quienes retienen el jornal de los trabajadores. La oración no cancela una deuda laboral; el rezo no devuelve por sí solo un salario; una ceremonia religiosa no sustituye la reparación de una injusticia.

Quien se arrodilla ante Dios debería tener también la humildad de ponerse de pie ante el trabajador al que debe explicaciones. Quien pide perdón por sus faltas debería examinar si mantiene deliberadamente una situación injusta. Y quien presume de ser buen cristiano debería preguntarse si su conducta cotidiana confirma o contradice lo que proclama. No basta con exhibir una cruz, repetir versículos o financiar actos religiosos si se ignora el sufrimiento de las personas a las que se les han negado derechos. La fe que no se traduce en justicia corre el riesgo de convertirse en una representación vacía, en una máscara detrás de la cual se esconde una conciencia que no quiere rendir cuentas. El mensaje cristiano no autoriza a declarar que una enfermedad sea una condena divina; sí invita a examinar la propia conducta, a reparar el daño y a comprender que la misericordia comienza también por cumplir las obligaciones con el prójimo.

Y puesto que estos propietarios parecen tan seguros de sus privilegios, convendría recordarles que la muerte no concede excepciones por tener dinero, cargos, influencias o una universidad a nombre propio. Llegará el momento en que no habrá secretaria que ejecute órdenes, abogado que redacte argumentos, contador que revise una liquidación ni asesor que prepare una explicación para la opinión pública.

Ante el tribunal de Dios —si se profesa la fe cristiana— no será suficiente presentar una colección de oraciones mientras se esconden las cuentas pendientes con los trabajadores. La pregunta moral será terrible precisamente por su sencillez: ¿por qué negaste a este profesor el derecho que le correspondía? ¿Por qué desconociste su titularidad? ¿Por qué retuviste el salario que se había ganado? ¿Por qué le impusiste horarios que buscaban agotarlo para que renunciara? ¿Por qué, cuando resistió porque necesitaba su trabajo y amaba la docencia, decidiste apartarlo? ¿Por qué no reconociste sus prestaciones ni examinaste su derecho a una jubilación digna? Son preguntas que ningún lujo puede responder y que ninguna apariencia de respetabilidad puede borrar.

El Evangelio de Lucas recuerda que a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá (Lucas 12:48). La advertencia no es una sentencia humana sobre el destino eterno de nadie; es un llamado a comprender que el poder, los recursos y las oportunidades también implican responsabilidad. Si creen en un juicio divino, deberían preguntarse desde ahora qué respuestas darán por el trato dispensado a quienes trabajaron bajo su autoridad.

Dante Alighieri, en La divina comedia, coloca a las puertas del Infierno una inscripción que ha atravesado los siglos: «Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate», traducida como «Abandonad toda esperanza, los que entráis». La imagen sirve para una sátira sobre quienes se acostumbran tanto a ejercer el poder que terminan creyéndose inmunes a toda consecuencia. En el universo moral de Dante, las acciones humanas no quedan suspendidas en una abstracción: cada conducta tiene un significado y se somete a un examen. No hace falta adjudicar a nadie un lugar en el Infierno para comprender la severidad de esa alegoría. Basta con preguntarse qué clase de legado deja quien construye su comodidad sobre el esfuerzo ajeno y luego niega la obligación de reconocerlo.

Quien se pasa la vida acumulando privilegios, pero desprecia la justicia, puede descubrir demasiado tarde que el prestigio social no equivale a la dignidad moral. Y quien considera que el cielo está asegurado porque reza con frecuencia debería recordar que la tradición cristiana insiste también en las obras, la misericordia, el arrepentimiento y la reparación. Si existe una cuenta pendiente con un profesor, la respuesta no es comprar tranquilidad espiritual mediante ceremonias, sino afrontar la obligación concreta que corresponda. Si existen otros docentes en circunstancias semejantes, deben revisarse también sus casos. No es suficiente reparar una injusticia cuando se convierte en escándalo público; hay que examinar si la misma práctica ha perjudicado a otros trabajadores. La conciencia no se limpia ocultando el expediente, sino afrontando lo que contiene y corrigiendo aquello que se hizo mal.

A los propietarios que se sienten tan seguros de sí mismos les diría, además, que no duerman tranquilos mientras sepan que existen trabajadores a quienes deben reparar daños. Que recuerden, cuando la noche se cierre y el silencio les permita escuchar sus propios pensamientos, que hay deudas que no desaparecen por ignorarlas. Que no duerman tranquilos por la injusticia cometida, sino que encuentren en esa inquietud el motivo para rectificar. En la tradición popular, el íncubo es una figura demoníaca que se aparece durante el sueño; y la experiencia de sentir una presencia opresiva al dormir se relaciona también con la parálisis del sueño, un fenómeno que puede explicarse médicamente. La sátira puede servirse de esa imagen tenebrosa para representar el tormento de una conciencia que no encuentra reposo.

Que cada uno examine qué temores alimenta con sus actos y qué cuentas pendientes lo persiguen. Que se pregunte si quiere llegar al final de su vida cargando con la memoria de profesores a quienes pudo ayudar y decidió perjudicar. No es necesario anunciar demonios en la habitación para comprender que la injusticia puede convertirse en una pesadilla moral. Y si creen en la existencia del Infierno, como parte de su fe, que mediten sobre las advertencias de su propia religión en lugar de utilizarlas únicamente para juzgar a los demás. Que se pregunten qué dirán cuando, según esa creencia, deban rendir cuentas ante Dios: por qué retuvieron salarios, por qué desconocieron derechos, por qué diseñaron horarios imposibles y por qué apartaron a un profesor que deseaba continuar enseñando. Que esa imagen les cause temor suficiente para despertar su conciencia, no para alimentar una superstición, sino para impulsar una reparación real. El mejor modo de evitar que el remordimiento se convierta en una pesadilla es dejar de cometer la injusticia y reparar cuanto antes sus consecuencias.

Por eso, el consejo a los propietarios de la Universidad Pepe Goyo es directo y no necesita eufemismos: dejen de proteger su orgullo y comiencen a reparar sus deudas. Revisen el expediente del profesor titular, reconozcan su situación jurídica y reincorpórenlo a las labores docentes si esa es la solución que corresponde conforme a derecho. Si procede su jubilación, reconozcan su condición, tramiten las obligaciones correspondientes y garanticen la pensión que legalmente le corresponda.

Calculen y paguen los salarios, las prestaciones y las demás cantidades pendientes que se determinen. Examinen también los casos de los otros profesores que hayan sido perjudicados por prácticas semejantes. No les están pidiendo caridad: les están exigiendo que cumplan sus obligaciones y respeten derechos. Si consideran que actuaron correctamente, que lo demuestren con razones jurídicas y documentación transparente. Si se equivocaron, que rectifiquen. Si utilizaron los horarios como mecanismo de desgaste, que abandonen esa práctica. Si permitieron que los intereses personales interfirieran en las decisiones académicas, que restablezcan criterios profesionales y reglas iguales para todos. No esperen a que la edad, la enfermedad o la muerte conviertan en imposible una reparación que hoy todavía pueden realizar.

No conviertan cada reclamación en una batalla de orgullo. Y no confundan la capacidad de despedir con la capacidad de hacer justicia. Reincorporar cuando corresponda, jubilar dignamente cuando proceda y pagar íntegramente lo adeudado son decisiones concretas; todo lo demás es ruido para evadir la responsabilidad.

Hay tiempo para rectificar, pero no se debe confundir el tiempo disponible con una autorización para seguir haciendo daño. Los propietarios pueden continuar rodeándose de aduladores, complacerse en sus privilegios y escuchar únicamente a quienes les dicen lo que desean oír; también pueden detenerse, mirar el expediente del profesor y reconocer que una institución educativa no debe tratar a sus docentes como objetos descartables.

La rectora puede preguntarse si está contribuyendo a resolver el conflicto o si su silencio agrava la situación. Y todos los responsables pueden comprender que la verdadera grandeza no consiste en que nadie se atreva a contradecirlos, sino en tener la entereza de reconocer una equivocación y repararla. No esperen a estar ante la presencia de Dios para lamentar aquello que pudieron corregir en vida. No esperen a que una deuda se convierta en una herida irreparable. No esperen a que el profesor envejezca aún más, enferme o muera para descubrir que debieron tratarlo con dignidad. Si creen en el arrepentimiento, comiencen por los hechos; si creen en la justicia, aplíquenla; si creen en la misericordia, practíquenla con quienes reclaman lo que les corresponde. Una universidad puede sobrevivir a una controversia pública, pero su autoridad moral queda seriamente comprometida cuando desprecia a quienes hicieron posible su actividad académica.

El profesor no necesita que le prometan un lugar en la memoria institucional: necesita que se respeten sus derechos en el presente. Y los demás docentes necesitan saber que sus años de trabajo no se convertirán en una trampa cuando llegue la hora de reconocerlos. La deuda con los profesores se paga con justicia, no con plegarias; con reparación, no con soberbia; con hechos, no con apariencias.

«A cualquiera que se le haya dado mucho, mucho se le demandará». — Lucas 12:48.

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario y Broadcaster