La UCO sitúa a José Luis Ábalos como pieza clave de la trama de corrupción: «Sin él, nada habría sido posible»

Uno de los aspectos más sensibles del caso gira en torno a la gestión de contratos públicos, especialmente durante la pandemia

La investigación del conocido como caso Koldo ha dado un paso más tras la extensa declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Tribunal Supremo. Durante más de doce horas, los responsables de los informes policiales dibujaron una imagen detallada de lo que consideran una estructura organizada y jerarquizada, en la que el exministro José Luis Ábalos ocuparía un lugar determinante.

Según el testimonio de los mandos, la trama no solo operaba con coordinación interna, sino que también contaba con una notable capacidad de influencia en distintos niveles de la Administración. En este contexto, la figura de Ábalos aparece como un elemento clave, no tanto por una supuesta gestión directa, sino por su capacidad institucional para facilitar operaciones y abrir puertas que otros miembros de la red no podían.

Una red con roles definidos y acceso institucional

Los investigadores explicaron que la presunta trama funcionaba como un engranaje bien definido. Por un lado, el empresario Víctor de Aldama actuaría como financiador; por otro, Koldo García desempeñaría el papel de intermediario directo. En el centro de ese esquema, situaron a Ábalos como la figura con peso político e institucional suficiente para dar viabilidad a las operaciones.

Uno de los momentos más contundentes de la declaración llegó cuando se afirmó que “sin él, nada habría sido posible”. Esta frase resume la tesis principal de la investigación: la red necesitaba una figura con poder dentro del Gobierno para prosperar. Según los agentes, Ábalos no era un actor secundario, sino un “miembro cualificado” capaz de activar decisiones clave.

Además, la UCO apuntó a que la trama disponía de un acceso “muy importante” a diferentes estamentos del Estado. Este nivel de influencia habría permitido intervenir en operaciones relevantes, como determinadas decisiones empresariales o movimientos estratégicos en el ámbito institucional.

Contratos, influencias y beneficios bajo sospecha

Uno de los aspectos más sensibles del caso gira en torno a la gestión de contratos públicos, especialmente durante la pandemia. Los agentes calificaron como “muy revelador” el primer contrato de material sanitario, señalando que reflejaba el supuesto modus operandi de la red: acuerdos previos, intermediación y decisiones que, según su versión, partían de los niveles más altos.

También se mencionaron otras actuaciones, como presuntas gestiones para favorecer intereses empresariales, incluyendo intentos de obtener licencias o influir en operaciones estratégicas. Todo ello, según los investigadores, acompañado de posibles contraprestaciones económicas y beneficios personales, desde pagos indirectos hasta el uso de inmuebles o viajes.

En paralelo, el análisis patrimonial ha puesto el foco en movimientos económicos que los agentes consideran significativos, como incrementos de dinero en efectivo o expresiones utilizadas en conversaciones que podrían estar relacionadas con pagos.

El caso sigue su curso en el Tribunal Supremo, mientras la investigación continúa arrojando luz sobre una trama que, según la UCO, habría utilizado la posición institucional como herramienta clave para desarrollar su actividad.