La UCO estima en más de 333.000 euros el gasto de la trama vinculada al PSOE para actuar contra jueces, guardias civiles y periodistas

Un nuevo informe policial sitúa en un inmueble del barrio de Salamanca el epicentro de las reuniones secretas de la red, cuya gestión estaba controlada por Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cuantificado en un nuevo informe un desembolso superior a los 333.000 euros, cantidad que podría alcanzar los 600.000 si se incluyen posibles sobornos, destinados a una red organizada desde el entorno del PSOE. Según la investigación, el objetivo de este esquema era interferir en procedimientos judiciales y articular estrategias para desprestigiar a los propios agentes de la UCO que llevaban el caso.

La documentación incautada en la sede del PSOE en la calle Ferraz señala a Santos Cerdán, secretario de Organización, como el máximo responsable. Los contratos fueron formalizados «a petición del Sr. Santos Cerdán», quien además asumió la «supervisión y control de los servicios» prestados. Entre las estrategias detectadas, destaca el uso de consultoras para canalizar pagos a personas clave, como Leire Díez, cuyo circuito financiero sumaría decenas de miles de euros en nóminas y facturas vinculadas a empresas de confianza del partido.

El informe detalla el uso de un «piso franco» en el barrio de Salamanca de Madrid, alquilado por casi 40.000 euros entre enero y noviembre de 2024. Según el testigo Joaquín Parra, el inmueble servía como lugar de encuentro para los investigados y funcionaba como un centro de operaciones discreto donde la fontanera socialista «disponía de la llave». Este gasto se suma a la contratación publicitaria en medios afines y al pago de múltiples desplazamientos para los implicados.

Otra de las partidas identificadas se relaciona con el despacho jurídico de Ismael Oliver, antiguo abogado de Koldo García. El entramado incluía pagos que luego eran transferidos a cuentas personales, en una estructura que, según el propio letrado, buscaba combatir activamente lo que denominaba un «golpe de Estado blando» por parte de la UCO. Estas transferencias forman parte del complejo engranaje de facturas y contratos que la policía ha reconstruido mediante requerimientos judiciales.

La investigación judicial, abierta tras la intervención de los dispositivos de Leire Díez, sitúa ahora la mirada sobre la responsabilidad política y penal de la Secretaría de Organización. El juez instructor deberá determinar si este flujo de dinero constituye una gestión política lícita o la financiación sistemática de una trama corrupta. La cifra elocuente de 333.000 euros, plenamente acreditada, plantea un escenario jurídico complejo sobre el uso de recursos partidistas para influir en el sistema judicial.