La trama de la supuesta venta de cadáveres a universidades acaba en dos investigaciones judiciales

El entramado criminal falsificaba documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias y venderlos por 1.200 euros cada uno

La trama por la supuesta venta de cadáveres desarticulada en València tiene dos derivadas judiciales de las que se encarga el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital: una por presunta falsedad en documentación, en relación a un cuerpo, y otra por un segundo cuerpo y supuestas irregularidades en incineraciones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La Policía informó este lunes de la desarticulación de un presunto entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres, que supuestamente falsificaba documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver.

De acuerdo con la Policía, la trama llegó a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar once incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad.

Según el TSJCV, a raíz de esta investigación policial el Juzgado de Instrucción número 1 tiene abierta una causa desde abril de 2023 por un delito de falsedad en documento privado y en documento oficial en relación a los trámites seguidos por el personal de una empresa funeraria en la recogida del cadáver de un ciudadano francés, fallecido en diciembre de 2022, de un hospital y su posterior entrega para estudio a una universidad.

Cuatro personas investigadas

En esa causa estaban investigadas inicialmente cuatro personas: dos responsables de la funeraria y dos trabajadores. Sin embargo, tras la práctica de diligencias de investigación para esclarecer los hechos, entre ellas las declaraciones de los investigados, en julio de 2023 el magistrado instructor dictó auto de procedimiento abreviado contra los dos trabajadores, al entender que existía indicios suficientes contra ellos de la elaboración de documentos inexactos con el fin de lograr un lucro económico.

En cambio, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias para los dos gestores de la funeraria, al no apreciar indicios delictivos suficientes en su contra. Este auto fue recurrido en apelación por la Fiscalía ante la Audiencia de Valencia, al considerar que debían ser encausados los cuatro investigados, y está pendiente de resolución, según la misma fuente.

Meses después, el Cuerpo Nacional de Policía realizó un atestado ampliatorio a fin de proseguir las investigaciones en relación al caso de otro fallecido y a presuntas irregularidades en incineraciones de más cadáveres. Esas pesquisas policiales implican a las cuatro mismas personas, es decir contra los dos responsables de la funeraria y los dos trabajadores, y se sustanciarán en una segunda causa judicial que, en principio, se seguirá también en el Juzgado de Instrucción 1 de Valencia.