La protesta por la vivienda mantiene la presión en Madrid con una acampada en Sol

27 de septiembre de 2026
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Decenas de personas amanecen en la Puerta del Sol de Madrid para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda. | EP

Unas 500 personas pasan la noche en tiendas de campaña tras una manifestación que reunió a 25.000 asistentes para reclamar el denominado ‘decreto Maricarmen’

Unas 500 personas han pasado la noche de este sábado al domingo acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, según la Delegación del Gobierno, para reclamar al Ejecutivo la aprobación de un decreto sobre vivienda en el Consejo de Ministros del próximo martes. El Sindicato de Inquilinas eleva la cifra a más de un millar.

La acampada se produjo después de la manifestación celebrada el sábado en Madrid bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’. La Delegación del Gobierno cifró la asistencia en 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas situó la participación en 300.000.

La protesta se centra en el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles. En un vídeo difundido en redes sociales, la propia afectada pidió al Gobierno impulsar cambios legales para evitar que otras personas atraviesen una situación similar.

‘Decreto Maricarmen’

El Sindicato de Inquilinas reclama que el denominado ‘decreto Maricarmen’ incluya la renovación automática de los contratos de alquiler, medidas para frenar los desahucios y la congelación de las actualizaciones vinculadas al IPC. También plantea modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones.

La manifestación recorrió el centro de Madrid desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados y contó con la participación de familias, jóvenes y personas mayores. Durante la marcha se exhibieron pancartas y consignas que reclamaban medidas frente al precio de los alquileres y los desahucios, además de críticas al Gobierno y a otras instituciones.

Podemos también ha reclamado al Ejecutivo medidas más contundentes y ha cuestionado sus negociaciones parlamentarias en torno al decreto. Irene Montero ha defendido la expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión para destinarlas al alquiler social, mientras Ione Belarra ha sostenido que la movilización social debe acompañar cualquier reforma legislativa.

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