Aumentan a ocho los excargos del Gobierno de Melilla detenidos por presuntos delitos de fraude y malversación

Las autoridades han registrado las viviendas y oficinas de los arrestados en busca de pruebas relevantes que puedan aportar más luz a las presuntas irregularidades

La investigación por presuntos delitos de fraude y malversación en el Gobierno de Melilla, conformado por CPM, PSOE, y el expulsado de Ciudadanos Eduardo de Castro, ha sumado nuevos detenidos, elevando la cifra a ocho. En este caso, detuvieron a Cecilia González Casas, exconsejera del Menor y Familia, y a Fatima Mohamed Kaddur, exviceconsejera del Mayor y actual diputada autonómica de CPM.

El operativo, que incluye también empresarios, contratistas e intermediarios vinculados a supuestas irregularidades en contratos públicos, continúa su desarrollo en la Ciudad Autónoma de Melilla. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ordenó el ingreso a prisión provisional de cuatro de los siete detenidos por los delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

En esta lista se encuentran el actual vicepresidente segundo de la Asamblea melillense y exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussián, y la diputada de la oposición y exconsejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri. También figuran el exconsejero de Medio Ambiente Hassán Mohatar y la exviceconsejera de la Línea Verde, Yonaida Se-lam. Detuvieron en Barcelona a Fatima Mohamed Kaddur, exviceconsejera del Mayor y actual diputada de CPM, quien quedó en libertad provisional.

Los detenidos restantes, incluyendo al expresidente de la Ciudad Autónoma, Mustafá Aberchán, y el exconsejero de Distritos Mohamed Ahmed, comparecerán ante la juez de Melilla encargada del caso por videoconferencia. La investigación continúa con la Policía Nacional realizando nuevas detenciones en varias zonas de Melilla, involucrando a contratistas, empresarios e intermediarios relacionados con las adjudicaciones de contratos públicos bajo investigación.