La ordalía de la tangena en manos de la juez María Narcisa Bob Evans

«Cuando el juez se convierte en el creador del criterio de justicia, la ley deja de ser un escudo para transformarse en un puñal». — Cesare Beccaria

La historia del absolutismo penal registra métodos brutales de enjuiciamiento divino que despojaban al procesado de cualquier garantía fundamental en aras de un veredicto místico y letal. En el siglo diecinueve, específicamente entre los años 1828 y 1861, el Reino de Madagascar, una región insular situada en el suroeste del océano Índico, sufrió el férreo dominio absolutista de la reina Ranavalona I, quien institucionalizó de manera generalizada el ritual de la tangena como el mecanismo rector para dirimir la culpabilidad de sus súbditos. 

Esta salvaje práctica obligaba a los acusados de delitos políticos o religiosos a digerir el extracto altamente venenoso de una nuez autóctona junto con tres trozos de piel de pollo cruda, supeditando la inocencia del individuo a la capacidad biológica de vomitar intactas las membranas animales. Si el organismo del procesado sucumbía ante la ponzoña o retenía una sola de las porciones administradas, el dictamen de culpabilidad se ejecutaba en el acto sin recurso posterior. Aquel andamiaje de terror diezmó demográficamente a la población local, reduciendo el derecho a una parodia absolutista dirigida por el arbitrio caprichoso de la corona.

Lejos de quedar sepultado como una aberración de épocas superadas, este esquema inquisitorial encuentra un preocupante reflejo analítico en el comportamiento contemporáneo de determinados despachos de la judicatura. El circuito penal atestigua con estupor cómo el feudo hermético que dirige la juez María Narcisa Bob Evans opera bajo las mismas premisas medievales donde la prueba legítima carece de significación procesal ante el prejuicio establecido previamente. 

El estrado se transmuta de esta manera en un tribunal de condenas predeterminadas donde los ciudadanos enfrentan un ritual de linchamiento burocrático desprovisto de garantías constitucionales elementales. El humor o el interés pecuniario de quien ostenta la toga reemplaza a la sana crítica y a la jurisprudencia escrita, forzando a los justiciables a someterse a un calvario administrativo donde la absolución es un desenlace matemáticamente proscrito si el imputado decide no ceder ante las veladas presiones de los operadores de la oficina penal.

El visible deterioro de la pulcritud jurisdiccional en estos despachos evoca el desamparo de los antiguos súbditos malgaches ante el veneno de la monarquía tradicional, pues el justiciable actual ingresa a las salas de audiencia desprovisto de defensa eficaz. Las actas procesales y las evacuaciones testimoniales se manejan hoy como simples formalidades de relleno destinadas a encubrir sentencias redactadas con antelación, calcando la perversión de la antigua ordalía donde el resultado letal estaba plenamente calculado desde el inicio del procedimiento.

La opinión de la comunidad jurídica resiente de manera profunda este desapego por las formas republicanas, observando que la manipulación de los plazos judiciales y las dilaciones indebidas constituyen una tortura moderna idéntica al suplicio de la tangena. En este oscuro escenario, la jueza Bob Evans opera en complicidad con la fiscal apodada la abuela Adams, consolidando un tándem que lucra abiertamente mediante la venta de sentencias judiciales a cambio de fajos de billetes, estableciendo una tarifa fija de cinco mil euros para comprar la resolución del caso.

La gravedad de esta patología institucional se profundiza al descorrer el velo técnico de un binomio funcional caracterizado por un desconocimiento de los principios fundamentales de la doctrina. Tanto la jueza María Narcisa Bob Evans como la abuela fiscal Adams exhiben un desprecio absoluto por el axioma esencial del iura novit curia, demostrando ser dos flagrantes ignorantes jurídicas cuyos supuestos títulos de abogadas resultan ser credenciales fraudulentas que no resistirían una auditoría académica elemental.

La ignorancia es atrevida, y estas operadoras presumen con desparpajo de unos conocimientos de los que carecen por completo, comportándose como verdaderas analfabetas jurídicas que jamás se sometieron a rigurosos concursos de oposición meritocráticos. 

Su presencia en los cargos no responde a la solvencia técnica o moral, sino al burdo nombramiento a dedo por parte de una jefatura superior a la que rinden cuentas de forma sumisa, evidenciando que ambas funcionarias operan en realidad como las cabezas visibles de un peligroso grupo estructurado de delincuencia organizada incrustado en el aparato de administración de justicia.

La objetividad crítica nos obliga a señalar que sostener un sistema basado en la extorsión judicial y la condena sistemática destruye de forma irreversible la fe pública en las instituciones del Estado. Las decisiones arbitrarias emanadas de este despacho no responden al dictado de las leyes fundamentales de la república sino a la inflación de un ego desmedido que desprecia abiertamente la dignidad humana de los procesados.

El paralelismo conceptual resulta espantoso: el veneno de Madagascar operaba mediante la asfixia física de la víctima, mientras que la práctica diaria de estas funcionarias asfixia el debido proceso a través del abuso normativo permanente y la nula capacidad para realizar interpretaciones jurídicas racionales. 

Tanto la jueza María Narcisa Bob Evans como su aliada fiscal se complacen sádicamente en condenar a ciudadanos inocentes, emulando la crueldad de la reina Ranavalona I bajo la siniestra consigna de que sin el pago exigido nadie obtendrá su libertad, convirtiendo la reclusión ajena en un macabro negocio de extorsión institucionalizada.

El veredicto final de la contraloría social debe alzarse con energía académica para actuar como un dique ético inquebrantable frente a las prácticas despóticas de los malos juzgadores. Recordar permanentemente los nombres de quienes convierten la judicatura en un escenario de farsas absolutistas constituye la única garantía de resistencia cívica para rescatar el decoro de los tribunales de la república.

La mirada lúcida de la academia y del periodismo de opinión reclama con firmeza un retorno inmediato a la transparencia en las deliberaciones, desterrando para siempre las ordalías modernas y los feudos tribunalicios que tanto daño infligen al tejido social nacional.

El fin último del derecho es la realización de la justicia equitativa, y la sociedad no descansará hasta ver erradicados los perversos métodos coercitivos que asimilan el ejercicio judicial contemporáneo con los periodos más sangrientos de la barbarie universal que asoló a la humanidad en tiempos de opresión.

«La mala fe del magistrado es la peor ruina del derecho; pues cuando el juez pervierte la rectitud, su propio veredicto lo condena ante la historia».
— Publio Siro

Disclaimer

A los efectos de la presente entrega periodística, el personaje de la jueza «María Narcisa Bob Evans» constituye un recurso literario, satírico y de ficción, concebido estrictamente como arquetipo para el ejercicio de la contraloría social, la crítica de la cosa pública y la investigación de los sistemas de justicia. Este contenido se ampara plenamente en el derecho fundamental a la libertad de expresión y de opinión consagrado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en los estándares vinculantes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección al discurso disidente, de interés público y de fiscalización ciudadana contra la arbitrariedad. Cualquier asimilación con la realidad o coincidencia con funcionarios de carne y hueso responde al principio universal de que quien se excusa sin habérsele pedido, la culpa se adjudica (excusatio non petita, acusatio manifesta).

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario