La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y marcada por factores que van mucho más allá de la voluntad individual. Así lo señala un informe elaborado por la Fundación Gaspar Casal junto a Lilly, que reclama que la obesidad sea reconocida legalmente como una patología crónica para poder frenarla con eficacia. Este paso permitiría diseñar políticas más sólidas, invertir en prevención y asegurar que las personas afectadas reciban una atención adecuada y sin estigmas.
La directora de Proyectos de la Fundación Gaspar Casal, Alicia del Llano, subraya que la obesidad no se puede entender sin analizar el contexto vital de cada persona. La vivienda, el nivel educativo, la renta, el tipo de empleo o incluso el barrio donde se vive influyen de forma decisiva. “Uno no elige dónde nace ni las oportunidades que recibe”, recuerda. Y estos determinantes condicionan la salud más que cualquier decisión individual.
El informe insiste en que transformar los entornos obesogénicos es esencial. Muchos barrios carecen de zonas verdes, instalaciones deportivas o acceso a alimentos frescos. También existen trabajos con horarios que dificultan adquirir hábitos saludables. Pedro Gullón, director general de Salud Pública, apunta que estas desigualdades crean brechas en la atención y en la incidencia de la enfermedad. Por eso urge un cambio de enfoque: dejar de culpabilizar a las personas y asumir que la obesidad está ligada a condiciones sociales y estructurales.
El documento también reclama reforzar la Atención Primaria y crear unidades multidisciplinares para abordar la obesidad desde diferentes perspectivas. Endocrinos, cardiólogos, internistas, psicólogos y dietistas deben trabajar juntos, porque la obesidad afecta prácticamente a todas las áreas de la salud. Javier Salvador, profesor de Endocrinología, señala que vivimos una “época dorada” en la investigación, lo que permite comprender mejor la fisiopatología y avanzar en tratamientos más eficaces, según Europa Press.
Además, el informe insiste en la importancia de combatir el estigma social. La discriminación dificulta que muchas personas pidan ayuda o sigan tratamientos. Desde las administraciones se están dando pasos, como el reciente avance en la regulación de comedores escolares, que busca garantizar entornos más saludables y equitativos.
El papel de la farmacia comunitaria es especialmente relevante en zonas rurales. Estos profesionales pueden detectar factores de riesgo, orientar sobre hábitos saludables y desmontar mitos relacionados con dietas milagro o productos sin evidencia. Son un soporte cercano y constante para muchas familias.
Para los expertos, afrontar la obesidad requiere una alianza entre instituciones, profesionales y ciudadanía. Es un reto de salud pública que pide políticas valientes y una mirada integral. Y todo empieza por reconocer, de manera oficial, que la obesidad es una enfermedad crónica que merece ser tratada como tal.