La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de alterar las listas de espera sanitarias para ocultar la situación de los pacientes y favorecer intereses económicos. Sus declaraciones se producen tras las informaciones sobre el Hospital Ramón y Cajal, donde se investiga el cambio de prioridad de pacientes pendientes de cirugía.
En una entrevista en Malas Lenguas, García afirmó que existe “un interés económico” y también “un interés de manipularlas para que no se vea la realidad de lo que están sufriendo” los pacientes. La ministra sostuvo que las sospechas sobre estas prácticas existían “desde hace mucho tiempo” y que ahora hay una denuncia de un médico que, según sus palabras, ha permitido confirmarlas.
García reclamó una reforma de la normativa estatal sobre las listas de espera, que considera obsoleta desde 2003. Según explicó, el Ministerio trabaja con las comunidades autónomas para establecer un sistema que permita garantizar “trazabilidad y transparencia”, y anunció que llevará esta cuestión al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La polémica se centra también en el Ramón y Cajal, donde, según informaciones difundidas por TVE, 57 pacientes que tenían prioridad preferente habrían pasado a prioridad normal, ampliando el plazo máximo de intervención de 90 a 180 días. La Comunidad de Madrid niega que se falseen las listas y ha anunciado diligencias internas para revisar lo ocurrido.
La ministra también afirmó que las listas de espera en Madrid han superado el millón de personas durante los años de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y aseguró que se han destinado 5.600 millones de euros a Quirón. García sostiene además que se realizan “ingenierías estadísticas para maquillar unas listas de espera”. Estas cifras y acusaciones forman parte de su valoración política sobre la gestión sanitaria madrileña.
Por su parte, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que “es mentira que se estén maquillando las listas”. La Comunidad sostiene que las denuncias parten de un sanitario que tiene un expediente disciplinario abierto y defiende la gestión del sistema, mientras continúa la revisión interna del caso del Ramón y Cajal.