La ley que desató el tsunami contra Pedro Sánchez ya es constitucional

El magistrado Enrique Arnaldo lideró el último intento del sector conservador de aplazar la votación de la sentencia desestimatoria del recurso del Partido Popular hasta la mañana de este 26 de junio

Una de las acepciones de la venganza según Freud es el intento de recuperar el control perdido. O de restablecer el equilibrio. Sin tener en cuenta si dicho intento resulta perjudicial para uno mismo o para los demás. Es una forma de odio con proyecciones destructivas. Una circunstancia que según el padre del psicoanálisis requería una elaboración del duelo y aceptación.

Esta idea se cruzó conmigo esta mañana al escuchar a Felipe González arremeter contra la ley de amnistía que se votaba finalmente en el Pleno del Tribunal Constitucional, según se había anunciado en la víspera. El expresidente y exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se arremetió en un programa de radio contra la ley de amnistía a punto de ser constitucionalizada por ser una «barrabasada» y porque es «pedirles perdón» a los dirigentes independentistas del procés. Y anunciado, cabalgando sobre el anuncio de Pedro Sánchez del miércoles en respuesta a los medios, que pensaba presentarse a nuevas elecciones, que él no le votaría. «Ni el PSOE contará con mi voto… Ni el PP. Veo a Feijóo haciendo figuras con Mazón o con el propio Abascal», explicó.

Precisamente, ese ataque contraprogramado del expresidente contra la ley de amnistía tiene un punto que cualquier análisis en el diván no puede omitir: el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que respaldó el trabajo de la magistrada ponente, Inmaculada Montalbán, fue uno de los miembros del tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que citó al entonces presidente Felipe González en el juicio estrella de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) el 23 de junio de 1998 en calidad de testigo y que dictó la sentencia condenatoria el 29 de julio de 1998, en el caso Segundo Marey. Secuestrado por error, fue confundido con un miembro de la banda terrorista ETA, el ciudadano francés Marey fue víctima de la guerra sucia del Estado contra ETA. Conde-Pumpido formó parte del tribunal que condenó al exministro del Interior socialista, José Barrionuevo, al exdirector de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, y otros cargos del PSOE.

Y mira por dónde, el mismo magistrado, ahora presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha formado el grupo progresista de seis miembros del TC que ha constitucionalizado la «barrabasada» y «corrupta» ley de amnistía.

El bloque del sector conservador, encabezado sobre todo por el magistrado Enrique Arnaldo, hizo este jueves el esfuerzo postrero por aplazar la votación. «Yo no estoy en condiciones de votar hoy. No he podido leer el texto final de la ponencia», dijo Arnaldo. «Podemos ordenar una pausa de media hora o lo que acordemos para que puedas leerla Enrique», apuntó Conde-Pumpido. «Media hora. Necesitamos un mes Cándido», replicó Arnaldo.

Y se votó con el resultado previsible de 6 votos (el séptimo magistrado del sector progresista, Juan Carlos Campo, se había abstenido) a favor de desestimar el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular y 4 votos en contra con sus correspondientes votos particulares (quinto magistrado, José María Macías, fue apartado por considerar la mayoría que había perdido la imparcialidad)

Precisamente, en el debate previsto que comenzó el pasado lunes día 23 de junio, los cuatro miembros del sector conservador, adoptaron una misma posición desde el inicio: no vamos a debatir, todo el pescado está vendido, nos pronunciamos a través de nuestros votos particulares. Arnaldo fue quien intentó aplazar la votación un mes más, pero según fuentes judiciales, no le siguieron los otros magistrados: Concepción Espejel, César Tolosa y Ricardo Enríquez. A diferencia de su grupo, Enríquez sí participó en el debate con los otros seis miembros del sector progresista (Conde-Pumpido, Montalbán, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer, Laura Díez y María Luisa Segoviano).

La autoamnistía del dictador Augusto Pinochet, en el Chile de 1978, la amnistía de la España de 1977, la gravedad de la crisis política territorial de la España de 2012-2017 (consulta soberanista de noviembre de 2014, referéndum del 1 de octubre de 2017), fueron algunos de los asuntos que afloraron en el debate y en los argumentos del sector. progresista.

Prácticamente al tiempo de trascender que el Pleno del TC votaría esta semana la sentencia de desestimación del recurso del PP, la Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimó a su vez el incidente de ejecución de sentencia presentada por Carles Puigdemont contra la denegación de aplicar la amnistía al delito de malversación. Se trata de un paso procesal formal preceptivo que se exige en los últimos años para presentar el recurso de amparo en el TC.

Por tanto, solo ahora, tras largos meses con la apelación y la ejecución de sentencia, Puigdemont puede recurrir en amparo al Constitucional.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo y el magistrado instructor del caso del procés, Pablo Llarena, rechazaron el 1 de julio de 2024 aplicar la amnistía a Puigdemont y otros dirigentes, con el argumento de que la malversación se había quedado fuera de los delitos amnistiables, argumento que, como demostró la magistrada Ana Ferrer -que integró el tribunal del procés- es una «ficción jurídica» o «una entelequia». Porque la ley explica de manera cristalina que la malversacíón – canalizada a la promoción y realización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017- debía ser amnistiada, es decir, ese es el deseo expreso de los legisladores. Deseo que al ser ignorado por la Sala Segunda suponía colocarse por encima del imperio de la ley.

Puigdemont, pues, tendrá que esperar a que el TC aborde su recurso de amparo -una vez que lo pueda presentar en los próximos días- en el que exigirá la aplicación de la ley de amnistía ya que la Sala Segunda se niega a aplicarla. Fuentes judiciales consultadas perfilan para el último trimestre de 2025 la resolución de los recursos de amparo que exigen la aplicación de la amnistía que deniega el Supremo. Otra alternativa es que el expresidente, sobre el que pesa una orden de detención en España, fuerce la situación y decida volver, presionando al TC para que resuelva su amparo de manera urgente.

Fuentes judiciales señalan a este periódico que se espera que a partir de septiembre próximo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva, a su vez, las cuestiones prejudiciales que han elevado diversos tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional.

La Sala Segunda del Supremo en ponencia del entonces presidente Manuel Marchena advirtió en 2024 que después que fallase el TC sobre en sentido contrario a su posición sobre la ley de amnistía, elevaría una cuestión perjudicial al TJUE sobre la malversación. Con todo, es posible que no llegue a tiempo. Porque otros tribunales ya han preguntado al TJUE la malversacíón y la respuesta puede estar lista no después del próximo otoño.-

La ley de amnistía ya es constitucional. La ofensiva de lo que hemos llamado el sindicato mediático-político-judicial ha sido feroz contra el sector progresista del TC, el presidente Conde-Pumpido, una campaña de deslegitimación personal y profesional nunca vista. La sentencia recupera algo del honor perdido del Estado Judicial Español