La junta de fiscales de lo penal del Supremo votará el martes próximo sobre el terrorismo y Puigdemont

El fiscal general del Estado deja en manos de la sección primera de lo penal la posición sobre la exposición razonada del juez García Castellón, cuya ponencia ha recaído en el fiscal Álvaro Redondo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dejado en manos de la junta de la sección primera de lo Penal del Tribunal Supremo la decisión de informar a la Sala de Admisión de dicho tribunal sobre la solicitud del juez Manuel García-Castellón (exposición razonada) de imputar al eurodiputado Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. Según ha sabido El Periódico, la junta de los fiscales que forman la sección primera de lo penal deliberará el martes 6 de febrero a partir de las 10:00 horas en la madrileña calle de Fortuny, 4, sobre la base de una ponencia encargada al fiscal Álvaro Redondo y votarán sobre el informe.

No serán, pues, los cuatro fiscales en exclusiva -o alguno de ellos- que llevaron la acusación en el juicio del procés, ni la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez, los que informarán. Pero tres de ellos -Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza- integran la sección primera, que cuenta con 13 fiscales. La presiden Cadena y el también fiscal de sala Javier Sánchez-Covisa.

Los fiscales cuentan desde la semana pasada, según ha confirmado este diario, con las dos piezas-base de la deliberación y votación: la exposición de 101 páginas del juez García-Castellón elevada al Supremo el 21 de noviembre de 2023 y un extenso borrador de la ponencia del fiscal Redondo.

Por tanto, los informes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contrarios a la calificación de la causa del Tsunami Democràtic -manifestaciones y corte de carreteras en 2019 en protesta contra la sentencia del procés -como delito de terrorismo y a la participación de Puigdemont en el liderazgo de dicho movimiento no formarán, en principio, parte del debate.

El último escrito del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo ha sido elevado el pasado miércoles, en el que define lo que entiende como inexactitudes e incongruencias de la exposición de García-Castellón (mezcla del caso de los CDR o Comités de Defensa de la República, con el caso Tsunami).

La Fiscalía sigue sin entender por qué el juez tuvo que presentar con prisa su exposición cuando no hay hechos en una causa que data de 2019. Máxime cuando el recurso del fiscal ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional todavía está pendiente de resolución.

El informe, pues, será debatido el martes en la junta de fiscales y elevado a la Sala de Admisión de la exposición que preside el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Álvaro Redondo es un fiscal miembro de la conservadora Asociación de Fiscales. Como suele decir “hay tendencias políticas en la judicatura pero el juez antes de tener una orientación política es juez. El juez tiene una orientación que toda persona tiene que tener. Toda persona vive en un entorno, lee una prensa, comenta con los amigos, tiene una ideología. No podemos apartarla”.

Redondo, por ejemplo, ha escrito contra la viabilidad constitucional de una ley de amnistía. Según estima “respetando la posición política que cada sector de opinión prefiera asumir, desde el punto de vista jurídico, no cabe duda de la inviabilidad constitucional de una ley de amnistía, salvo la actualmente vigente de 1977. Sería necesaria una reforma constitucional reforzada, con la aprobación de la misma por dos tercios de ambas cámaras, en dos sucesivas legislaturas, y aprobación por referéndum de tal acuerdo, para que la referida ley fuera constitucionalmente viable, al afectar la reforma al título segundo de la Constitución”.

La jueza y diputada María Victoria Rosell

La Sala de Admisión puede hacer caso o no del informe de los fiscales del Supremo. Hay ejemplos en el sentido de que el informe del fiscal no ha impedido iniciar diligencias para imputar a un aforado.

Algunos casos en los que participan dos protagonistas en el Tsunami Democràtic fueron el de Baltasar Garzón, investigado en 2012 por delitos prevaricación y de cohecho. Una investigación que llevó adelante Marchena, con la oposición de Cadena, caso que finalmente archivado.

El otro es el de la jueza y diputada María Victoria Rosell, contra la cual el Supremo admitida una querella en 2016 del entonces ministro José María Soria por Marchena y otros cuatro magistrados. Fue también archivada con uno de los “testigos de cargo” contra ella y a favor de Soria, el juez Salvador Alba, condenado más tarde por prevaricación, cohecho y falsedad a pena de 6 años y medio de prisión. También en este caso, el fiscal Cadena informó en contra de la admisión a trámite.

Según se disculpó Marchena ante Rosell en un encuentro, años después, en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le “habían engañado”.

En el caso de Rosell quien llevó la instrucción en el Supremo fue el magistrado Juan Ramón Berdugo. También en la exposición razonada sobre Puigdemont y el terrorismo Berdugo -que fue magistrado en el tribunal del procés – ha sido nombrado instructor.

La Sala de Admisión, caso de admitir la exposición razonada del juez García-Castellón, pasará la investigación dirigida a comprobar la calificación y los indicios contra el eurodiputado Puigdemont a Berdugo quien tendrá que realizar múltiples diligencias y en todo caso abrir la personación a quienes así lo soliciten. Un procedimiento que puede durar varios meses hasta resolver si, finalmente, se eleva al Parlamento Europeo un suplicatorio (permiso) para proceder contra Puigdemont. Habrá que ver si para entonces el expresident de la Generalitat vuelve a obtener, caso de presentarse por Junts per Catalunya a las elecciones de junio, un escaño.

Fuentes judiciales consultadas apuntan que con los “indicios presentados a toda prisa y corriendo por García-Castellón después de tener congelada la pieza Tsunami durante cuatro largos años y sin hechos nuevos difícilmente se lanzaría el Supremo a pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo cuando durante largos años de escritos y suplicatorios el tema del terrorismo ha brillado por su ausencia”. Pero otros juristas enmarcan la decisión en el ambiente antiamnistía del Estado Judicial español.

“Como se trata de abrir el curso a diligencias por parte del instructor no cabe descartar que la Sala Segunda quiera mantener esa espada de Damocles. Puede hacerlo de dos maneras: una devolviendo la exposición a García-Castellón -cosa que hizo en el caso DINA con Pablo Iglesias para que siguiese indagando en el estrafalario caso de una tarjeta de teléfono dañada- pero también puede hacerlo admitiendo la exposición razonada y descargar en el magistrado Berdugo las diligencias que llevarán su tiempo”, señala otra fuente consultada.

El martes próximo se conocerá, pues, la posición de la Fiscalía del Supremo y si actúa en coincidencia o no con la beligerante conducta -contraria al delito de terrorismo y a la imputación de Puigdemont con los indicios disponibles- de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Como señala un fiscal no sin una pizca de humor: “Permaneceremos atentos a las pantallas, como nos aconsejaba la televisión de Franco cuando yo era niño”.