La jueza levanta parte del secreto del caso Azud de Valencia tras cinco años de investigación

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València ha acordado el levantamiento de parte del secreto del caso Azud, una causa en la que se investigan presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de Valencia por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias, según Europa Press.

Entre los investigados figuran el exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, y su familia; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y un exedil; el exresponsable de las Finanzas del PSPV José María Cataluña y empresarios como Jaime Febrer.

Más de 50 investigados

En la causa por el caso Azud figuran como investigadas más de 50 personas por los delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal. A primeros de mayo se citarán a otros ocho investigados, entre ellos empresarios.

El caso arrancó en 2017 y en abril de 2019 se practicaron las primeras detenciones: las de los abogados José María Corbín y Diego Elum. En una segunda fase, en mayo del pasado año, la jueza ordenó la detención de Grau, Rubio y Vera, todos ellos ya en libertad. Al exsubdelegado del Gobierno y al exresponsable de Finanzas socialista el PSOE les suspendió de militancia y les abrió expediente.

Cinco piezas seguirán secretas

La magistrada ha acordado el levantamiento parcial del secreto, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, dado que considera que ya se han practicado las diligencias necesarias en la instrucción sin que haya podido resultar perjudicada.

Las piezas 2, 3, 4, 5 y 6 permanecerán bajo secreto, así como gran parte de la documentación intervenida y que fue objeto de registro en mayo de hace un año, además de determinados folios de distintos tomos de la pieza principal.

La magistrada justifica el secreto parcial en relación a estas actuaciones porque parte de ellas tienen que ser objeto de comprobación e investigación por la Policía Judicial y en otra parte que afecta a la causa principal porque se están realizando “diligencias esenciales cuya publicidad perjudicaría de forma muy grave el buen fin de la instrucción”.