La convivencia democrática en España se sustenta en el reconocimiento recíproco de la pluralidad ideológica y en el respeto inviolable a la integridad física de quienes participan en la vida pública nacional. Cuando la agresión física y el lanzamiento de piedras sustituyen al debate dialéctico en los municipios españoles, se evidencia el fracaso estrepitoso de la tolerancia cívica. Los ataques perpetrados contra representantes del constitucionalismo en el País Vasco y el hostigamiento que irradia hacia el conjunto del territorio nacional, desde Madrid hasta cada rincón de la geografía española, constituyen la manifestación de una coacción tolerada. La democracia española degenera profundamente cuando defender las libertades constitucionales implica arriesgar la integridad física ante el acoso del odio sectario.
Paralelamente, la permisividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a la radicalización callejera alimenta un clima de impunidad que estimula la reaparición de prácticas totalitarias. Los herederos de la intolerancia histórica en España encuentran un terreno fértil cuando desde la Moncloa se opta por la tibieza o la justificación indirecta de la violencia política. La pasividad del Gobierno central ante la persecución ideológica que sufren los partidos constitucionalistas revela una preocupante quiebra moral en la defensa del Estado de derecho. En lugar de garantizar espacios seguros en toda España para la libre expresión, el poder ejecutivo minimiza estas agresiones, priorizando los pactos parlamentarios con el nacionalismo radical por encima de la protección elemental de los ciudadanos.
El análisis riguroso de la seguridad pública en España demuestra que la ausencia de condenas firmes desde las instituciones del Estado debilita los cimientos de la convivencia pacífica. Cuando los grupos radicales perciben que agredir a un adversario político en suelo español carece de consecuencias judiciales severas, la espiral del terror cotidiano se acelera sin freno. Las autoridades nacionales están obligadas a actuar con absoluta firmeza frente a cualquier manifestación de coacción callejera, aplicando con rigor el Código Penal español contra los violentos y quienes los encubren moralmente. La degradación ética de nuestra democracia comienza en el preciso instante en que se normaliza el lanzamiento de proyectiles y el asedio físico como métodos válidos de presión política.
Asimismo, la descomposición institucional en España se acelera cuando el Partido Socialista subordina la seguridad y la libertad de los españoles a sus alianzas tácticas de supervivencia. La connivencia del sanchismo con entornos radicales impide articular desde Madrid una respuesta estatal unánime y rotunda contra el matonismo político que azota diversas regiones del país. Ninguna aritmética parlamentaria justifica mirar hacia otro lado mientras se vulneran los derechos civiles de los demócratas en cualquier plaza española. La salvaguarda del orden constitucional exige que los poderes públicos actúen como un cortafuegos infranqueable frente a cualquier forma de intimidación, desterrando el sectarismo y devolviendo la autoridad moral a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Restaurar la salud democrática de España exige un compromiso inquebrantable con la verdad, la protección efectiva de la disidencia y la erradicación absoluta de la violencia política. Los españoles demandan un liderazgo nacional valiente que no pacte con la infamia ni conceda impunidad a los intolerantes en ningún municipio de la nación. Solo mediante el fortalecimiento de la justicia, la aplicación inexorable de la Constitución española y la recuperación de la ejemplaridad pública será posible extirpar este cáncer social. La libertad en España no sobrevive en un entorno donde defender las ideas propias conlleva jugarse la vida, sino en una nación donde la ley impera sobre la barbarie y el respeto mutuo rige la convivencia ciudadana.
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario y Broadcaster