El decreto que concedió el uso vitalicio con carácter honorífico del título de rey con y su aforamiento ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo queda desfasado ante la realidad de la situación del exmonarca desde agosto de 2020
A nadie le parece contradictorio. Se puede vivir en otro país y ser aforado ante la Primera (Civil) y la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo en España. Incluso te puedes convertir, como en el caso del llamado rey emérito Juan Carlos I de España (Roma, 1938), en residente fiscal en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y mantener tu protección jurídica ante las dos citadas salas del Supremo. Es decir, las salas encargadas para enjuiciar los eventuales delitos civiles y penales que pueda cometer el rey emérito Juan Carlos I.
El gobierno de Mariano Rajoy aprobó un decreto en junio de 2014, ante la abdicación de Juan Carlos I, mediante el cual se le concedió el uso vitalicio del título honorífico de rey. Y también consiguió el gobierno del PP aprobar deprisa y corriendo, (artículo 55.bis, 11 de julio de 2014) con la abstención del PSOE, del aforamiento de los miembros que forman parte de la familia del rey Felipe VI, que sigue siendo inviolable según el artículo 56 de la Constitución española.
Es evidente que ha corrido mucha agua bajo el puente desde aquellos días de junio de 2014. La fortuna de Juan Carlos I -o la de sus presuntos amigos- ha tenido que hacer frente a dos regularizaciones fiscales en 2021 y 2022 por valor total de 5.074.295,68 euros, fruto de su reconocimiento, desde EAU, de que había dejado de ingresar fondos a la Agencia Tributaria.
Recibió en negro
Uno de los conceptos fue recibir en negro casi 800.000 euros enviados a su testaferro, el coronel del aire Nicolás Murga, por el millonario Allen Sanginés-Krause. Este ciudadano mexicano, residente en Londres, que trabajaba para el banco Goldman Sachs, fue introducido a Juan Carlos I por la que entonces, a mediados de los años 2000, era su amante, Corinna zu Sayn Wittgenstein.
La otra rúbrica: viajes después de la abdicación (casi 7 millones de euros en avión privado de la compañía británica Air Partner) que Juan Carlos I de los que se hizo cargo la fundación Zagatka (misterio, en ruso), creada en Liechtenstein en 2003, y de la cual el rey -entonces en ejercicio- era uno de los beneficiarios (el primero era su primo remoto Álvaro de Orleans). El total ingresado por Juan Carlos I a Hacienda -tras las investigaciones en Suiza-, según se ha apuntado, ascendió a algo más de 5 millones de euros.
Juan Carlos I eligió mudarse a Emiratos Árabes Unidos, uno de los países del Golfo pérsico que cortejó cuidadosamente a la dinastía de Emiratos, la familia de Zayed bin Sultan al-Nahyan y a sus hijos Jalifa y Mohamed durante su reinado, a quienes concedió varias distinciones en mayo de 2008, y quienes a su vez regalaron al entonces rey de España, en 2011, dos automóviles marca Ferrari por un valor superior a 300.000 euros cada uno.
Mohamed bin Sayed Al Nahayan, precisamente, es desde mayo de 2022, el año en el que Juan Carlos I es residente fiscal en EAU, pasó de ser el príncipe heredero de Abu Dabi, a ser presidente del país. Semanas antes de abdicar en junio de 2014, el entonces rey de España hizo su último viaje oficial en el que visitó EAU, Omán, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí, países que, según la investigación profundizada en Suiza por el fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, entregaron en algún momento dinero – en efectivo, por ejemplo- al entonces rey.
Convenio fiscal España-EAU
La residencia fiscal, las gestiones para su obtención, son todavía un secreto. Porque el Convenio entre Emiratos Árabes Unidos y España, renovado en 2021, es decir, después de que en agosto de 2020 Juan Carlos I decidiera establecerse como huésped del que entonces era todavía el príncipe heredero de Abu Dabi,
Según ese acuerdo, el artículo 4.1 sobre quienes son residentes, establece que “a los efectos de este Convenio la expresión ‘residente de una parte contratante’ significa en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, las personas físicas domiciliadas en los EAU y que sean nacionales de los EAU, así como las sociedades constituidas en los EAU que tengan allí su sede de dirección efectiva”. Es decir: se exige la nacionalidad emiratí.
Una fuente que consultó con el anterior equipo de la Casa de Su Majestad el Rey, en 2022, sobre la tramitación de la residencia fiscal de Juan Carlos I, fue informado de que la nacionalidad emiratí, que señala el artículo citado, no se aplicaba a la situación del rey emérito.
Consultas a la Agencia Tributaria
En algunas consultas dirigidas a la Agencia Tributaria, se considera el caso de un español residente fiscal en Emiratos Árabes Unidos al que no se considera de aplicación el citado convenio entre ambos países.
No obstante, el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha considera muy difícil no tener en cuenta la exigencia de nacionalidad del artículo citado. “Hemos estudiado el convenio y la nacionalidad emiratí es taxativa. Sabemos que se ha hecho una interpretación más laxa. Pero no la compartimos. En cualquier caso, la Agencia Tributaria tiene que haber recibido una comunicación oficial del Juan Carlos I sobre su situación”.
En otros términos, el rey emérito tiene que haber informado que “ya no radica en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, tal y como establece la normativa española para otorgar la residencia fiscal a un ciudadano”.
Y, asimismo, que el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, está fuera de España, concretamente en Emiratos Árabes Unidos.
La fortuna del emérito, asunto de Estado
En abril de 2012, una cacería de elefantes en Botsuana y la rotura de su cadera provocada por su caída durante el safari precipitó el tobogán por el cual en dos años se deslizaría la crisis de la institución monárquica liderada por el rey Juan Carlos I. Allí salió a la palestra la cacería organizada por el rey en honor Alexander, hijo de su ya examante, Corinna zu Sayn Wittgenstein.
Uno de los capítulos del proceso de abdicación, según fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya, fue cómo gestionar en el futuro al menos una parte de los fondos de que disponía Juan Carlos I, entre ellos 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) que le transfirió el 8 de agosto de 2008 a la cuenta suiza de la fundación panameña Lucum, en el banco Mirabaud de Ginebra, el ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Ibrahim bin Abdulazziz Al -Assaf. Pocas semanas antes el rey Abdullah había inaugurado en Madrid la Conferencia Mundial para el Díalogo y se había lanzado el Fondo Hispano Saudí de Infraestructuras y energía.
El 5 de mayo de 2012 -tres semanas después de la apuntada cacería y del escándalo mediático e institucional que ello provocó en una España en crisis económica y amenazada de ser rescatada financieramente por la Unión Europea- el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán, pidió a Corinna zu Sayn Wittgenstein una entrevista. Sanz Roldán viajó a Londres y se reunió con Corinna en el Connaught Hotel. Allí se pactó la transferencia inminente de los 64,8 millones de euros.
Acuerdo privado
La examante de Juan Carlos I aceptó en acuerdo privado, supervisado por Sanz Roldán, ser la mujer de paja del rey de España. Realizó de inmediato inversiones inmobiliarias en Reino Unido y Suiza. Algunos de esas inversiones fueron aprobadas por Juan Carlos quizá con la expectativa de negocios futuros.
A primeros de junio de 2012, finalmente, los 64,8 millones de euros fueron transferidos desde la cuenta 505523 del Banco Mirabaud a una cuenta de una empresa creada a tal fin, Solare, en el banco Gonet & de Islas Bahamas. Un contrato de donación irrevocable de Juan Carlos I a Corinna fue elaborado por el abogado suizo Dante Canonica y firmado por ambos.
Corinna nunca devolvió, ante las amenazas de Juan Carlos I, el dinero que éste le había confiado con un argumento: si le devolvía una parte del dinero o lo gastaba en operaciones que él le sugería estaría siendo cooperadora de un delito de blanqueo.
La participación de Sanz Roldán en la operación no era la primera en la que un general ni un director del servicio de inteligencia español intentaba proteger a Juan Carlos I. El general Emilio Alonso Manglano, entonces director del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) pagó dinero de fondos reservados a Barbara Rey, la examante del Juan Carlos I -años noventa del siglo pasado- para comprar su silencio.
Y a todo esto, el aforamiento de Juan Carlos I, residente fiscal en Emiratos Árabes Unidos, sigue vigente como si aquí, y en Emiratos, no hubiera pasado nada.