La Iglesia española defiende la regularización de migrantes como una medida de justicia social

Las entidades eclesiales consideran la medida un paso necesario hacia una sociedad más justa e inclusiva

La Iglesia en España ha acogido con satisfacción la decisión del Gobierno de impulsar una regularización extraordinaria de personas migrantes mediante real decreto. Para las entidades eclesiales, esta medida reconoce una realidad que lleva años presente en la sociedad. Miles de personas viven y trabajan en el país sin derechos plenos, pese a su aportación diaria.

Organizaciones como REDES, la Conferencia Española de Religiosos, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española coinciden en el diagnóstico. Consideran la regularización un acto de justicia social y un gesto de responsabilidad colectiva. Subrayan que muchas personas migrantes sostienen sectores esenciales, aunque lo hacen desde la irregularidad administrativa.

Las entidades recuerdan que estas personas contribuyen al desarrollo económico y social desde hace tiempo. Aun así, el sistema las mantiene en una situación de fragilidad constante. Por eso, defienden que la medida no es excepcional ni improvisada. Responde a una demanda amplia de la sociedad civil y a una necesidad urgente. “Es el momento de avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva”, afirman.

Una respuesta necesaria ante las limitaciones del sistema actual

La Iglesia considera que esta regularización extraordinaria actúa como un complemento imprescindible al actual Reglamento de Extranjería. Aunque reconoce avances en la normativa vigente, advierte de que el sistema presenta lagunas importantes que dejan fuera a numerosos colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

Entre ellos se encuentran personas que no pueden acreditar el tiempo de permanencia exigido por haber perdido documentación en contextos de emergencia, personas indocumentadas con trámites excesivamente rígidos, o quienes tienen dificultades de empleabilidad por edad, discapacidad, enfermedad crónica o situaciones de sinhogarismo. También quedan atrapados en la irregularidad solicitantes de protección internacional cuya petición ha sido denegada y familias con menores que, aun cumpliendo requisitos básicos, no logran regularizar su situación.

Las entidades eclesiales recuerdan que estas exclusiones no son casos aislados. Según datos del IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, el 47% de las personas acompañadas por Cáritas en 2024 no tenía su situación administrativa regularizada, lo que equivale a unas 550.000 personas. Una cifra que refleja, a su juicio, la urgencia de medidas estructurales y no meramente coyunturales.

Por ello, la Iglesia insiste en que esta regularización debe entenderse como una decisión ética, política y social, orientada a proteger la dignidad humana y a fortalecer la cohesión social. Regularizar no solo garantiza derechos, sino que también favorece la integración, reduce la economía sumergida y permite una convivencia más justa.

En un contexto marcado por discursos polarizados, las entidades eclesiales apuestan por una mirada centrada en las personas. Una mirada que reconoce que nadie es irregular, y que la justicia social comienza por ofrecer oportunidades reales a quienes ya forman parte de la sociedad.