La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), ha recibido en el último año 89 solicitudes de reparación integral. Este organismo fue creado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).
De esas 89 solicitudes, 32 corresponden a casos en diócesis y 57 a casos ocurridos en congregaciones religiosas. Hasta ahora, 39 han sido resueltas con una propuesta de indemnización que oscila entre 3.000 y 100.000 euros, según «la gravedad, las consecuencias y las circunstancias que concurrieron en el abuso, además de otra serie de conceptos de reparación en especie y de compromisos por parte de las instituciones», explicó la comisión.
Los casos restantes siguen pendientes de los informes de las instituciones eclesiales y de las aportaciones de las víctimas. Según recoge Europa Press, la comisión, «en la mayoría de los casos» las resoluciones se han emitido «en un tiempo no superior a tres meses».
En este primer año de trabajo, la Comisión Asesora también ha elaborado su reglamento de actuación, los baremos de indemnización y el procedimiento de solicitud. Con este modelo buscan «garantizar la independencia y el rigor en la reparación y evitar así la revictimización».
El ámbito de actuación de PRIVA se centra en casos de abusos cometidos contra menores o personas con discapacidad intelectual, en situaciones en que los delitos han prescrito o en las que el agresor ha fallecido o es inimputable.
Dicha reparación integral incluye la indemnización económica, la compensación de gastos de salud o terapéuticos derivados de los abusos y el compromiso de asumir esos costes en el futuro. También contempla recomendaciones a las instituciones para avanzar en la reparación y en la prevención.
Las víctimas pueden acceder a este proceso a través del formulario disponible en www.paradarluz.com. El dictamen final se remite al obispo o superior religioso de la institución implicada. Si la reparación no puede realizarse, la responsabilidad recae subsidiariamente en la CEE o en CONFER.
Asimismo, la comisión asesora está formada por 10 miembros: un representante de la CEE, uno de CONFER y ocho profesionales independientes. Cuatro pertenecen al ámbito judicial, fiscal, jurídico y universitario. Otros cuatro son terapeutas con experiencia en atención a víctimas de abusos. Y todos ejercen su labor de manera voluntaria.