La Fiscalía sostiene que Kitchen fue un operativo criminal para frenar el caso Gürtel

En la causa también están acusados el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, el comisario Andrés Gómez Gordo, el exchófer de la familia Bárcenas Sergio Ríos y el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas

La Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que la denominada operación Kitchen fue un dispositivo parapolicial creado para obtener información sensible que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, podía conservar sobre dirigentes del partido. Según el Ministerio Público, el verdadero objetivo no era colaborar con la investigación del caso Gürtel, sino obstaculizarla y acceder a documentos y grabaciones que pudieran comprometer a altos cargos de la formación.

Durante la presentación de su informe final en el juicio, el fiscal César de Rivas sostuvo que el operativo nació con una finalidad ilícita desde su origen. En este contexto, mantiene su petición de 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y para quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al considerar que ambos conocían el supuesto espionaje desarrollado en 2013.

Un operativo ajeno a la investigación judicial

La Fiscalía rechaza la versión de las defensas, que sostienen que Kitchen respondía a un operativo de inteligencia destinado a localizar un supuesto patrimonio oculto de Bárcenas. Para el fiscal, esa explicación carece de fundamento porque los responsables de la operación no mantenían relación con el juez que instruía el caso Gürtel ni con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargada oficialmente de la investigación.

El Ministerio Público también destaca que el interés por la documentación de Bárcenas quedó reflejado en las agendas del comisario José Manuel Villarejo, donde, según el fiscal, aparecen referencias a la búsqueda de información que podía afectar a destacados dirigentes del Partido Popular.

En la causa también están acusados el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, el comisario Andrés Gómez Gordo, el exchófer de la familia Bárcenas Sergio Ríos y el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas. La Fiscalía sostiene que el conjunto de las actuaciones perseguía interferir en una investigación judicial en marcha y no reforzarla.