La pareja de Ayuso admite que envió a Miguel Ángel Rodríguez la foto de dos periodistas y asegura que borró el chat

La causa judicial busca determinar si la difusión de los nombres y de la imagen de los dos periodistas pudo vulnerar su derecho a la intimidad y constituir un posible delito de revelación de secretos

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado como testigo ante la jueza que investiga la presunta difusión de datos personales de dos periodistas y ha reconocido que fue él quien remitió a Miguel Ángel Rodríguez una fotografía de ambos informadores. Según su testimonio, esa conversación fue posteriormente eliminada, por lo que aseguró que ya no conserva el intercambio de mensajes.

La comparecencia se produjo a petición del PSOE, personado como acusación en el procedimiento, con el objetivo de aclarar el origen de la imagen y la cadena de transmisión de la información que acabó circulando en un chat de periodistas. Durante cerca de media hora, González Amador respondió a las preguntas centradas en este punto y, al abandonar los juzgados, evitó realizar declaraciones a los medios de comunicación.

La investigación sigue centrada en Miguel Ángel Rodríguez

La declaración del empresario sirvió para respaldar la versión que previamente había ofrecido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Este había explicado que recibió la fotografía de González Amador, quien, a su vez, le indicó que procedía de un vecino molesto por la presencia de los periodistas en la zona. Precisamente para aclarar esa secuencia de hechos, la magistrada consideró pertinente citar al empresario como testigo.

La causa judicial busca determinar si la difusión de los nombres y de la imagen de los dos periodistas pudo vulnerar su derecho a la intimidad y constituir un posible delito de revelación de secretos. Por el momento, Miguel Ángel Rodríguez continúa siendo el único investigado.

En paralelo, la jueza ha descartado practicar otras diligencias solicitadas por la acusación, como el análisis del teléfono móvil del jefe de Gabinete o el requerimiento de sus comunicaciones con González Amador, al considerar que esas actuaciones no resultan necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.