La Fiscalía solicita 63 años de cárcel y una multa millonaria para Rodrigo Rato por corrupción

Al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial por el presunto aumento de su patrimonio, Anticorrupción afirmaba que ya había defraudado más de 8,5 millones de euros

En su escrito de conclusiones, la Fiscalía Anticorrupción mantiene todos los delitos que imputa al exministro Rodrigo Rato. La fiscal Elena Lorente pide una pena de 63 años de cárcel y una multa de 42,44 millones de euros para él. Además, eleva el importe de ciertas cuotas presuntamente defraudadas, incluyendo la correspondiente al año 2008. En el documento, se imputan al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional un total de 11 delitos contra la Hacienda Pública, ocurridos entre los años 2005 y 2015, además de acusaciones de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

Es importante señalar que al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid por el presunto aumento ilícito de su patrimonio, la Fiscalía Anticorrupción afirmaba que se había defraudado al fisco más de 8,5 millones de euros.

Fuentes de la defensa del exministro califican de “extrema” la posición de la Fiscalía y entienden que es así porque si no sigue para adelante con la acusación “se derrumba el castillo”.

Critica a Luzón

Además, al finalizar la vista, el exministro se refirió a la investigación abierta en un juzgado de Tarragona sobre el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Rato señaló que la postura del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, de oponerse a ciertas investigaciones es “escandalosa“. “Hay resistencias inexplicables“, afirmó, y agregó que intentará participar en esa causa si se le permite.

Según ha publicado El Periódico de España, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona investiga si la consultora Equipo Económico usó sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda” en beneficio de sus clientes.

En el marco de la causa, figura un correo electrónico de 2015 en el que el entonces jefe de gabinete de Montoro en el Ministerio “relata que el jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quería hablar con él sobre la ‘situación fiscal de Rato'”, de acuerdo a la información publicada este viernes por el digital.

Sobre este extremo, Rato se ha limitado a señalar: “Lo único que me gustaría es que la Fiscalía Anticorrupción no intentara impedir esa investigación”. Cabe recordar que la causa que se sigue en el juzgado de Tarragona ha suscitado debate en el seno de esta Fiscalía Especial. La fiscal a cargo del procedimiento invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico al discrepar del criterio de su jefe, Alejandro Luzón, sobre los pasos a seguir en esta investigación. Finalmente, la Junta de Fiscales de Anticorrupción avaló el criterio de su número uno.

La prueba documental

Este viernes, durante el juicio a Rato, se presentó la prueba documental. La fiscal solicitó la lectura de las declaraciones judiciales de dos de los acusados que fallecieron durante la instrucción del caso, Fabrizio Bini y Miguel Ángel Furones. Además, pidió que se añadiera a las actuaciones la traducción de una página web relacionada con residencias fiscales de personas que residen en Estados Unidos.

La defensa de Rato se ha opuesto a esa lectura de las declaraciones puesto que se realizaron bajo secreto sumarial y sin igualdad de armas. También se ha negado a que se incluya la traducción de esa página web dado que entiende que para introducir Derecho Extranjero, si así fuese pertinente para resolver cualquier cuestión jurídica de este procedimiento, “debería haberse hecho a través de la correspondiente pericial jurídica firmada por dos peritos extranjeros”.

El tribunal, tras una larga deliberación, no ha estimado pertinente la incorporación del documento que pretendía el Ministerio Público y sí que ha admitido que se proceda a la lectura de las declaraciones los encausados ya fallecidos porque la jurisprudencia entiende que se produjeron con la contradicción debida, presencia de las defensas de esos investigados, y que es la que se permitía en ese momento.

Este viernes, las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones solicitando la libre absolución de los encausados. La defensa del abogado Domingo Plazas ha pedido expresamente que se tenga en cuenta que por los años de tramitación del procedimiento, “9 años y 10 días“, se tenga en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y ha pedido que se condene en costas a la Abogacía del Estado.

La sesiones se reanudarán el 6 de mayo con la exposición de los informes. Tras ellos llegarán el turno de la última palabra, momento en el, según fuentes jurídicas, Rato se dirigirá nuevamente al tribunal.